Juzgan a los exalcaldes de Sant Antoni, Pepe Sala y Pepita Gutiérrez y se les impone una fianza global de más de 26 millones de euros
También serán juzgados cinco exconcejales del Ayuntamiento por el caso del aparcamiento subterráneo
Imagen del aparcamiento de la plaza Espanya / MED CAPITAL
Ibiza
Los exalcaldes de Sant Antoni, José Sala y Pepita Gutiérrez, del Partido Popular, serán juzgados por el caso del aparcamiento subterráneo. La concesionaria del parking denunció al gobierno local por no cerrar varios aparcamientos disuasorios gratuitos.
Junto a ellos se sentarán en el banquillo cinco exconcejales del Ayuntamiento: Juan Pantaleoni, Josefa Costa, José Torres, Vicente Ribas y Vicente Costa
La titular del Juzgado de Instrucción Número 1 que ha instruido durante años esta causa, ha decretado la apertura de juicio oral y fija una fianza global por responsabilidad civil de 26,2 millones de euros. No hay todavía fecha para el inicio del juicio que se celebrará en el Juzgado de lo Penal de Ibiza.
La Fiscalía no acusa
La Fiscalía no ha presentado escrito de acusación y pedía el sobreseimiento provisional de la causa al considerar que no existen "indicios suficientes" de la comisión del delito de prevaricación.
La primera empresa concesionaria del parking, que ejerce la acusación particular, les acusa de los delitos de prevaricación y malversación. Además de la indemnización millonaria, pide una inhabilitación especial de nueve años para empleo de cargo público para los procesados.
Cinco de los siete acusados ya han recibido en el juzgado el escrito de apertura de juicio y los otros dos acudirán la semana que viene. En todos los casos han recurrido el importe de la fianza que, según la jueza, "debe asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva pudieran imponérseles, ya sea responsabilidad civil, directa o subsidiaria".
Aparcamientos disuasorios
La empresa subsuelos Urbano obtuvo en 2006 la concesión para la construcción y explotación de un aparcamiento soterrado en el casco urbano por un periodo de 75 años.
Pero argumenta que desde que se inició la explotación se constató que se mantenían y se iban abriendo diversos aparcamientos públicos, gratuitos, sin licencia. Entre otros, los de ses Variades, Antoni Riquer 44 y 17,y en el polígono 9.
Por ese motivo exigieron a los responsables políticos sin éxito su cierre y acabaron recurriendo a los tribunales. Alguno de los expolíticos llevan 11 años imputados en este caso.
Informes técnicos
Los exalcaldes de San Antoni, siempre han negado que tuvieran la obligación de cerrar estos parkings disuasorios.
Han aportado informes técnicos que decían que los parkings podían estar abiertos con los convenios que se hacían con los propietarios de los solares, ya que no pagaban el IBI. También por la vía urbanística podían estar abiertos.
Los tribunales instaron en 2021 al Ayuntamiento a cerrar el aparcamiento de ses Variades y de otros solares del casco urbano. El gobierno presidido por Marcos Serra retiró meses después del fallo las señales y los bolardos que informaban del parking.
Concurso acreedores
La concesionaria del aparcamiento de la plaza Espanya entró en concurso de acreedores en 2021. Apunta que la situación a la que se vio abocada no fue por una mala praxis empresarial, sino por el quebranto de deber de custodia de la normativa urbanística del Ayuntamiento de Sant Antoni.
Respecto a la indemnización que solicitan, hacen constar que el cálculo corresponde al periodo que va del 27 de junio de 2010 al 16 de febrero de 2021. Se le tendrá que descontar los ingresos reales por Subsuelos Urbanos en el mismo periodo por rotación y abonos.
El Consistorio de la Villa de Portmany también inició a principios de año el trámite para resolver la concesión con la empresa que explota actualmente este aparcamiento.
Joan Tur
Redactor Radio Ibiza SER y jefe de SER Deportivos Ibiza. Desde la década de los 90 en la cadena. ...
