La Policía Local da 10 días a los 200 residentes de la antigua prisión de Palma para desalojar las instalaciones
El alcalde, Jaime Martínez, justifica la necesidad del desalojo en los informes municipales que constatan las malas condiciones del complejo y el peligro que supone para las personas que viven en él
Palma
El Ayuntamiento de Palma ha dado diez días a los 200 residentes en la antigua prisión para que abandonen las instalaciones. La Policía Local se ha personado en el complejo abandonado a primera hora de este mañana y han repartido a sus moradores requerimientos para que desistan voluntariamente de la ocupación ilegal de las instalaciones. Los habitantes se enfrentan a posibles multas, además de a un desahucio forzoso, si no se marchan voluntariamente.
El alcalde Jaime Martínez ha justificado la medida en la necesidad de recuperar el complejo penitenciario, abandonado desde hace décadas, para la ciudad. El ayuntamiento maneja varios informes que apuntan que las edificaciones del complejo no están en condiciones para ser habitadas y recomiendan dar los pasos necesarios para que no viva nadie allí. Martínez dice que las notificaciones de desalojo pretenden defender la seguridad de las personas que han ocupado el lugar e insiste en que recibirán ayuda de los servicios sociales.
El alcalde reconoce que por el momento no hay un plan definido de remodelación del complejo. Se contempla la demolición de construcciones que están en ruinas y se estudiará la posibilidad de construir algún tipo de promoción de vivienda protegida. Los recuentos de la Policía Local establecen que en la antigua cárcel viven entre 120 y 200 personas, dependiendo de la época. No hay datos concretos porque las personas que utilizan las instalaciones como vivienda va variando a lo largo del año.
