Multas de hasta 600.000 euros por servicios de seguridad privada en villas de Ibiza sin tener permiso
La Policía Nacional ha abierto cinco expedientes sancionadores tras detectar dos servicios distintos de seguridad que se prestaban de manera irregular
Agente de la Policía Nacional / Policía Nacional
Ibiza
La Policía Nacional ha abierto cinco expedientes sancionadores con multas que en algunos casos podrían alcanzar los 600.000 euros por la prestación de servicios seguridad privada en una villa de Ibiza sin tener la licencia correspondientes. Las multas se han impuesto en un caso porque realizaban el servicio utilizando personal que no estaba habilitado como vigilante de seguridad. Son tres las propuestas sancionadoras por una falta muy grave, y con importes que van de los 30.001 a los 600.000 euros para la empresa, a lo que hay que sumar otras dos de entre 6.001 y 30.000 euros porque el personal no estaba habilitado como vigilante.
Otros dos expedientes sancionadores por un importe de entre 3.001 a 20.000 euros son para los vigilantes que sí tienen el permiso, pero que ejercían sus funciones de manera particular y no a través de una empresa.
La investigación se remonta al verano pasado cuando el Grupo policial de Seguridad Privada, tuvo conocimiento de que un hombre accedió al jardín de una vivienda y amenazó a un auxiliar de servicio que se encontraba en lugar ejerciendo funciones de seguridad, y poco después huyó del lugar.
Se pudo constatar que la villa tenía dos servicios de seguridad, uno prestado por una empresa de auxiliares no autorizada a utilizando para ello personal no habilitado como vigilantes de seguridad, y otro ejercido por personal habilitado, pero que realizaban sus funciones por su propia cuenta, sin estar integrados en alguna empresa de seguridad privada.
La Policía recuerda que la contratación de estos servicios en villas debe hacerse siempre por personal habilitado y a través de empresas de seguridad privada autorizadas, de lo contrario también podrían conllevar sanciones a los usuarios por infracción muy grave a la Ley de Seguridad Privada, con multas que van desde 20.001 a 100.00 euros.
Además, alerta a los usuarios de que la contratación de este tipo de servicios irregulares, conlleva que ante intrusiones en viviendas puedan quedar desprotegidos, ya que este tipo de personal al tener conocimiento de encontrarse en una situación irregular, es frecuente que abandonen el lugar, a diferencia de la contratación que se realiza a través de una empresa de seguridad privada, que ofrece garantías y seguridad jurídica.
