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Palma prevé tener listos los primeros 363 pisos de alquiler asequible antes de 2027

El proyecto contempla viviendas con precios entre 600 y 1.000 euros, un 30 % por debajo del mercado, y priorizará jóvenes, mayores y familias monoparentales

Palma

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, confía en que antes de que finalice la legislatura, en 2027, puedan entregarse los primeros 363 pisos de alquiler asequible correspondientes a la primera fase del plan de choque de vivienda impulsado por el Ayuntamiento. Este miércoles se ha aprobado el pliego de condiciones que regula la construcción de los primeros inmuebles, ubicados en seis solares municipales, que serán cedidos para este propósito.

Se trata de la primera entrega de los 1.200 inmuebles anunciados, que buscan paliar la escasez de vivienda asequible en la ciudad. Las parcelas municipales se concederán por un periodo de 75 años y los proyectos se desarrollarán en distintas zonas de Palma: en Coll d’en Rabassa (35 y 12 viviendas), Camp Redó (100), Nou Llevant (90), Son Ferragut (114) y Sa Indioteria (12).

Los lotes podrán adjudicarse de forma independiente o conjunta, y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas. Las obras tendrán un plazo máximo de ejecución de dos años, lo que permitiría, según el alcalde, entregar las primeras viviendas antes de finalizar su mandato.

Las viviendas tendrán entre 45 y 70 metros cuadrados, con 1 o 3 dormitorios, y se alquilarán por precios que oscilarán entre los 600 y los 1.000 euros, cumpliendo con el decreto ley de medidas urgentes y garantizando altos estándares de eficiencia energética. Estos precios representan una reducción del 30 % respecto al promedio del mercado.

El acceso a estas viviendas estará regulado por requisitos específicos. El 30 % se reservará para jóvenes de hasta 35 años, otro 30 % para mayores de 65 y un 10 % para familias monoparentales. Además, será necesario acreditar al menos 5 años de empadronamiento en Palma o 7 años en municipios de Baleares fuera de la capital.

El proyecto no supondrá un gasto directo para las arcas municipales, ya que su desarrollo está vinculado a las propuestas económicas de los licitadores. Asimismo, se prevé la creación de un registro de demandantes de vivienda, priorizando a los colectivos con mayores dificultades de acceso.

 
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