Prohens avanza que el Govern ya tramita el expediente sancionador al propietario que "alquiló ilegalmente" Can Rova
La diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, y los afectados acusan a las instituciones de "maltrato y violencia institucional"
Marga Prohens en el Parlament balear / CAIB
Ibiza
La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha avanzado este martes, durante la habitual sesión plenaria del Parlament balear, que el Ejecutivo autonómico "ya tramita el expediente sancionador al propietario que alquiló ilegalmente las parcelas" de Can Rova, en Ibiza, "aprovechándose de familias vulnerables".
Prohens ha respondido así a la diputada de Unidas Podemos en la Cámara Autonómica, Cristina Gómez, quien le ha preguntado cuánto le preocupan del uno al diez las familias de Can Rova, en Ibiza. Todo, después de criticar la "falta de humanidad y el mirar hacia otro lado del Partido Popular", señalando que "quien ha fallado" en este caso "no son los técnicos, sino los responsables políticos, todos del PP".
La presidenta del Govern ha considerado que el desahucio de Can Rova "muestra con total crudeza la peor cara de ocho años de políticas fracasadas en materia de vivienda".
Fue "un drama que nos impactó a todos por igual", ha manifestado Prohens, asegurando que, por este motivo, "desde el primer momento" estuvo en contacto tanto con el presidente del Consell de Ibiza como con la alcaldesa de Santa Eulària.
Además, ha continuado pidiendo "respeto por los técnicos municipales e insulares que han trabajado con rigurosidad dando respuesta a todas las personas vulnerables".
"Se pusieron todos los recursos y medios para que estas personas fueran atendidas", ha subrayado en este sentido la presidenta Prohens.
Asimismo, la dirigente autonómica ha avanzado a la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, que el Govern "ya tramita el expediente sancionador al propietario que alquiló ilegalmente las parcelas" de Can Rova, en Ibiza, "aprovechándose de familias vulnerables". "Le puedo asegurar que no le saldrá rentable haberse aprovechado de la vulnerabilidad de otros".
Finalmente, y después de que Gómez solicitara a Prohens que pidiera disculpas a las familias, la presidenta ha apuntado que "si alguien tiene que pedir disculpas es" precisamente la diputada de Unidas Podemos "por hacer un uso demagógico y partidista" de una cuestión como el desahucio de Can Rova.
Todo ello, según ha precisado la presidenta, porque además "en solo un año de legislatura el Govern ha aprobado un decreto de emergencia habitacional, que permitirá que se puedan sacar nuevas viviendas a precios limitados, se han desbloqueado viviendas de protección oficial, así como también se está a punto de sacar el programa 'Build to Rent' y el programa de Alquiler Seguro".
Actuaciones que, según ha continuado, permitirán sacar a la luz "300 viviendas a precios limitados en Santa Eulària", ha enfatizado Prohens, quien ha advertido a la diputada que no se puede acusar a este Govern de "falta de humanidad". "Nos preocupa la situación humana de todos los afectados por la situación de la vivienda, por eso nuestra relación con la Plataforma Antidesahucios", ha concluido.
Los desalojados denuncian "maltrato institucional"
La portavoz de los desalojados del asentamiento ilegal de Can Rova, Ana Loaiza, ha denunciado en el Parlament el “maltrato institucional” que han sufrido y ha acusado al Ayuntamiento de Santa Eulària, al Govern balear y el Gobierno de España de “mirar hacia otro lado”.
Dice que el Ayuntamiento de Santa Eulària “presume de su competitividad turística y de ser uno de los municipios más grandes” de la isla mientras trata a personas con residencias precarias como “ciudadanos de segunda”. “Se pone en duda la vulnerabilidad de las familias afectadas ignorando el sufrimiento que han soportado, detrás de una ola de calor, una DANA y ahora se enfrentan a una vuelta al cole que viola los derechos de los niños”, ha aseverado la portavoz, quien ha puesto el acento en la paradoja de que en "la isla del lujo de Europa las familias siguen esperando respuestas concretas después de un mes y medio de pérdidas, desamparo y sufrimiento”.
Loaiza ha explicado que tras el desalojo forzoso del pasado 31 de julio, la gran mayoría de las personas que vivían en la finca “siguen en la calle o en asentamientos ilegales”, mientras que en Can Rova “se pagaba un alquiler y había gente empadronada”. “Si antes eran vulnerables, ahora son personas maltratadas”, ha dicho.
