Los inquilinos de las infraviviendas de Joan Miró denuncian que el policía local que los explota les ha cortado la luz
Afirman que un trabajador a sueldo del policía local propietario de los trasteros en los que viven ha manipulado los contadores para obligar a la empresa suministradora a cortar la luz alegando una avería
Los vecinos de las infraviviendas de Joan Miró cocinan en el pasillo
Palma
El policía local de Palma que explota ilegalmente 70 infraviviendas en la calle Joan Miró de la capital balear ha dejado a sus inquilinos sin luz. Así lo denuncian los residentes en estos sótanos, que desde hace tres días se alumbran con velas y con pequeñas lámparas que enchufan a la fuente de electricidad del portal. El agente está suspendido de empleo y sueldo por el Ayuntamiento de Palma y tiene que pagar una multa de dos millones de euros por explotar durante años una serie de trasteros minúsculos, sin ventilación y condiciones de habitabilidad, a personas migrantes y de bajos recursos.
El pasado mes de abril el agente comenzó con un proceso para intentar desahuciar a los inquilinos de los trasteros. Durante años los ha estado arrendando los cubículos a migrantes y personas sin recursos mediante contratos ilegales con condiciones abusivas. Ahora, los inquilinos denuncian que el agente de policía ha saboteado los contadores del sótano para declarar una avería y autorizar a la empresa suministradora a que corte la luz en los sótanos del edificio.
Los residentes dicen que el agente, que contaba con una orden de alejamiento del edificio, envía a un empleado que cada día baja a los sótanos a manipular los contadores y la bomba de la fosa séptica. Una de las vecinas de los trasteros teme que el agente les corte el agua en los próximos días. Acusan al agente de sabotear las bombas de la fosa séptica que han tenido que arreglar entre todos para no vivir entre aguas sucias. Ahora, sin la luz, los vecinos no tienen forma de aliviar el intenso calor que hace en los trasteros y tienen que concinar con bombonas de gas en el portal, una situación que no pueden prolongar durante mucho más tiempo.
Otra de las vecinas explica que ninguno de los más de 70 trasteros tiene ahora mismo electricidad. Han conseguido enchufarse a la luz del portal, pero no pueden depender de ella porque enseguida que conectan cualquier aparato se funden los plomos.
Los residentes sostienen que la compañía eléctrica les obliga a que sea el titular del contrato, el agente de policía, quien pida el restablecimiento de la corriente eléctrica. Se sienten desprotegidos y abandonados por la administración, que no ha ofrecido ningún tipo de ayuda o de recurso habitacional de emergencia ante las amenazas de desahucio.
