Completado el desalojo del asentamiento ilegal de can Negre con seis personas detenidas

Ibiza

El desalojo del asentamiento ilegal de Can Negre se ha completado este miércoles, en cumplimiento de una orden judicial. Ha sido necesaria la intervención de los agentes antidisturbios de la Guardia Civil para expulsar a las últimas 150 personas, entre ellas 18 menores de edad, que habían decidido no salir. En la actuación que se ha llevado a cabo por parte de las Fuerzas de Seguridad se han producido seis detenciones, de cuatro hombres y dos mujeres acusados del delito de resistencia a la autoridad.

Actuación abusiva

Las personas que permanecían en la finca de Can Rova, en algunos casos desde hace dos años, denuncian abusos por parte de la Guardia Civil y aseguran que los que se han llevado la peor parte han sido mujeres y niños. Uno de ellos afirma que la Guardia Civil " tiraron al suelo y arrastraron a mujeres y niños y repartieron palos a gente que lo único que hacía era defender a sus familias".

Tras salir de la finca han intentado cortar la autovía de Sant Antoni, pero también han sido expulsados por las fuerzas de Seguridad.

Desde primera hora de la mañana se producía un goteo de salidas una vez que se activó el despliegue policial. Primero con hasta 12 agentes de la Policía Local de Santa Eulària, apoyados por por dos drones. Después llegaban efectivos de la Guardia Civil y poco después entraban en la parcela los antidisturbios de la Benemérita. También quiso ser protagonista el propietario del terreno que lo ha ido alquilando en los dos últimos años, que se dedicó a amenazar y a escupir a los medios de comunicación.

Censo de 700 personas

Una de las portavoces de las personas desalojadas, Alicia Bocuñano, asegura que en este asentamiento han llegado a vivir cerca de 700 personas. En los últimos meses, la cifra había descendido de forma notable, una vez que se conoció la orden de desalojo. Afirma que lo único que pedían era "tiempo para encontrar otro alojamiento, tenemos dinero, somos trabajadores, pero no encontramos otra alternativa habitacional".

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Dicen que no han cesado de buscar en los últimos meses otro alojamiento, pero a día de hoy es una misión imposible encontrar una vivienda en Ibiza a precios razonables. En algunos casos se les han llegado a pedir "14.000 euros por adelantado y tampoco se alquilan habitaciones a personas con menores a su cargo".

Entre los que optó por salir sin oponer resistencia se encuentra Juan David, que llevaba 4 meses en el asentamiento, "las personas que estábamos allí somos todas trabajadoras, hay de diversas nacionalidades, pero también españoles, porque no tenemos otro sitio donde vivir".

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Servicios Sociales de Santa Eulària

El Ayuntamiento de Santa Eulária desplazó ayer a la zona del desalojo a trabajadores sociales y una educadora social para coordinadora con la central de Bienestar Social y poder atender los casos de las personas más vulnerables. Se da la circunstancia de muchos de los desalojados habían pagado la jornada anterior el importe del alquiler mensual. En algunos casos el propietario del terreno les cobraba 500 euros mensuales por estacionar una caravana.

Según han explicado desde el Consistorio, se han desplazado al lugar a primera hora de la mañana tres trabajadores sociales y la educadora social, que han detallado que en las últimas semanas se ha tenido en contacto con hasta 13 familias que residían en la zona, a las que se ha dado información y orientación. Durante la jornada del martes, se ayudó a una familia pagando la entrada de una vivienda, y otra familia ha solicitado hoy mismo esa misma asistencia.

La concejal de Asuntos Sociales, Antonia Picó, afirma que ninguna persona más ha pedido ayuda al departamento hasta el momento y añade que también han acudido a la zona una técnica de Bienestar Animal y del Servicio de Recogida y Acogida de animales, para hacerse cargo de las mascotas que pudieran quedar en la zona tras el operativo. Se ha atendido a dos animales, un perro y un gato.

El Sindicato de Inquilinas denuncia una "persecución policial sin precedentes"

Desde el Sindicato de Inquilinas de Ibiza han mostrado su rechazo a la manera en que se ha efectuado el desalojo del asentamiento de sa Riva. Recuerdan que se trata de familias trabajadoras que se han visto obligadas a instalarse en esa zona ante la imposibilidad de acceder a una vivienda en la isla, pagando por estas ahí, en algunos casos desde hace años.

Creen que el dispositivo policial que se ha desplegado ha sido “desmesurado” y denuncian “engaños, ultimátums, amenazas de perder la custodia de menores e incluso agresiones usando pelotas de goma para echar a la fuerza todas las personas que se resistían a abandonar sus hogares y, acto seguido, una empresa contratada al estilo ‘desokupa’ ha destrozado todas las casetas que se encontraban dentro del recinto.

Acusan al Ayuntamiento de Santa Eulària de no haber ofrecido “ningún tipo de solución real, cuando hace solo unos meses se ha negado en rotundo a declarar el municipio como tensionado”. Denuncian la “nula gestión en materia de vivienda por parte de todas las instituciones de la isla y la negativa a aplicar la ley de vivienda” y añaden que, “las pocas regulaciones que aplica el Govern son solo para generar titulares”.

Dicen que las personas que viven en caravanas y tiendas de campaña están sufriendo este verano “una persecución policial sin precedentes” que califican como “una declaración de guerra a las personas trabajadoras de esta isla. Nos expulsan de nuestros hogares, nos obligan a aceptar las peores condiciones de vida y luego nos intentan echar de la isla porque no coincidimos con su modelo de turismo de lujo”.

Exigimos que declaren todos los municipios de Ibiza tensionados, que apliquen la ley de vivienda, eliminen los pisos turísticos legales e ilegales y que cese la persecución policial.

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Críticas del PSOE por la "falta de previsión"

El PSOE de Santa Eulària ha lamentado la “falta de previsión del Ayuntamiento en el desalojo de Can Rova y la nula respuesta del PP ante el incremento del drama social por la falta de vivienda”.

Recuerdan que la actuación “llevaba semanas con fecha fijada y a pesar de ello, las autoridades no han sabido prever de manera correcta, provocando una situación dramática y la desesperación de muchas de las personas que vivían, entre ellas familias con menores a su cargo”.

Hablan de una total “falta de empatía del Partido Popular hacia un drama que afecta a cientos de personas que viven en diferentes campamentos, caravanas o infraviviendas en numerosos puntos de nuestra isla”.

Añaden que el caso de Can Rova es “un ejemplo más del creciente fenómeno del 'chabolismo' provocado por la grave crisis del acceso a la vivienda, ante la que ni el Consell de Vicent Marí ni el Govern balear de Marga Prohens, como tampoco ninguno de los ayuntamientos de la isla, han tomado medida alguna durante el último año”.

El drama social de Can Rova evidencia, según los socialistas, “la falta de un plan integral para afrontar la problemática de la vivienda en el municipio y en el conjunto de la isla, y eso que hace semanas que les oímos decir que deben tomarse medidas, pero a la hora de la verdad, como ha ocurrido en Can Rova, siguen dando la espalda al problema”.

Desde el PSOE exigen medidas “contundentes e inmediatas, como es la limitación de los precios del alquiler y reanudar las políticas de construcción de vivienda pública, que el PP se niega a tozudamente a adoptar, porque solo le interesa la amnistía urbanística y continuar creciendo con políticas que fomentan la especulación y el beneficio de unos pocos”.

Unidas Podemos exige "medidas contundentes" en materia de vivienda

Unidas Podemos ha dado registro de entrada a un escrito en el Ayuntamiento de Santa Eulària, en el que exige medidas firmes y contundentes en materia de vivienda. Denuncian que se ha llevado a cabo el desalojo sin tener confirmación de que hubiera disponibilidad de vivienda alternativa para las familias afectadas, lo que supone, según la formación morada, “una violación del derecho a una vivienda digna”.

Para evitar que se repitan situaciones de este tipo, piden a la Junta de Gobierno Local y a las concejalías de las áreas implicadas, acceso a toda la documentación del expediente judicial, de los servicios sociales y de las acciones presupuestadas de provisión de medios ante el desalojo.

Quieren una explicación escrita y detallada de las actuaciones realizadas por el Consistorio para coordinarse con el resto de entidades y organismos implicados y las intermediaciones realizadas para buscar alojamientos alternativos.

Exigen también que se declare el municipio, y la isla al completo, como ‘zona tensionada’, instando el Gobierno central a aplicar las medidas contempladas en la Ley estatal de vivienda.