UGT advierte sobre el impacto laboral de robots en la administración y propone un impuesto al sustituir a trabajadores
El sindicato además reclama un complemento salarial que compense la insularidad de entre 400 y 800 euros mensuales
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Palma
El sindicato UGT advierte de que el Govern está ultimando un decreto ley para la agilización y simplificación administrativa con el cual se prevé comprar 300 robots informáticos que puedan llevar a cabo trámites. El sindicato exige que se pueda estudiar la creación de un impuesto, ya que se trataría de herramientas informáticas que acabarían sustituyendo a trabajadores de la administración.
El secretario de acción sindical de UGT de servicios públicos, Jordi Crehuet, asegura que con estos nuevos robots se pretenden agilizar trámites de la administración pública. Un modelo de trabajo que se ya viene aplicando en Andalucía y que permite llevar a cabo solicitudes de una forma mucho más rápida.
Deja claro el sindicato que a la larga este sistema de digitalización acabará reduciendo las necesidades de personal laboral. En ese sentido, reclaman la creación de un impuesto para aquellas máquinas que sustituyan el trabajo de una persona.
Por otro lado, el sindicato UGT ha concretado las cuantías para los complementos de insularidad de los funcionarios públicos de las Islas. Se ha tomado como referencia la media de un alquiler o una hipoteca actuales y se propone que los trabajadores de la comunidad cobren la mitad de esa cifra al mes.
De este modo, proponen que los funcionarios de la administración pública acaben percibiendo al mes un plus de 400 euros en Mallorca, 600 euros en Ibiza y Menorca, y 800 euros en Formentera. De momento es una propuesta que tendrá que debatirse en los próximos meses y la idea es que se pueda aprobar antes del mes de julio. Según el sindicato, las cantidades se irían incrementando de forma progresiva hasta alcanzar la totalidad.
Según el secretario general de servicios públicos de UGT, Miguel Ángel Romero, cree que si hay dinero para caprichos, dice, de VOX, como el plan de segregación lingüística, también habrá presupuesto para los trabajadores.
Una medida, el complemento de insularidad para los funcionarios de la comunidad, que según el sindicato se acabaría trasladando a los trabajadores de las empresas privadas.
No es la única medida que plantea el sindicato. También pide devolver el recorte del 2 por ciento en algunos complementos retributivos del personal de la administración o alcanzar la jornada laboral de 32 horas semanales, entre otras cuestiones.
