El conseller balear del Mar pide consenso con las comunidades autónomas para revisar el Reglamento de Costas
Ha mantenido una reunión en Ibiza con representantes de Valencia y Galicia para coordinar la gestión costera y con los afectados por los deslindes de Formentera
Un momento durante el encuentro / CAIB
Ibiza
El conseller balear del Mar, Juan Manuel Lafuente, pide al Ministerio de medio Ambiente que trabaje desde el consenso con las comunidades autónomas para revisar el Reglamento de Costas para afrontar la realidad y los retos actuales.
Dice que necesario adaptar el documento, tras su anulación por el Tribunal Supremo, y pide que se implementen de manera efectiva las transferencias de competencias a las comunidades en la gestión del litoral.
El conseller Lafuente, que se ha reunido en Ibiza con representantes regionales de Galicia y de Valencia con el objetivo de abordar temas relacionados con la legislación y gestión de costas, así como la coordinación de competencias entre comunidades, también ha aprovechado para hablar sobre el progreso en la confección de la Ley de Ordenación y Gestión Integral del Litoral de Baleares.
Explica que, actualmente, se está en la fase de elaboración del borrador del anteproyecto y se ha comprometido a trabajar con todos los sectores para garantizar que esta legislación, no solo cumpla con las expectativas de protección ambiental, sino que también facilite el desarrollo de las actividades económicas.
Reunión con los afectados por los deslindes de Formentera
Sobre el asunto de los deslindes, el conseller ha aprovechado su visita a las Pitiusas para reunirse con los representantes de la Plataforma de Afectados por los Deslindes de Formentera.
Se ha puesto en común la lucha llevada a cabo para que edificios y propiedades de la Pitiusa menor, con todos los permisos necesarios, no se vean afectados adversamente por el Reglamento General de Costas.
En el encuentro se han debatido posibles modificaciones legislativas que permitan incluir sus peticiones en cuanto a la gestión del dominio público marítimo-terrestre y la necesidad de adaptar la Ley de Costas a la realidad de la isla.
Esta reunión surge después de que el Tribunal Supremo declarara nulo el Real Decreto de 2022 que modificó el reglamento general por omisión del trámite de consulta pública en una sentencia en la que estimó el recurso presentado por la Plataforma de Afectados y que les dio la razón.
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