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Política

El Govern permite legalizar las construcciones prescritas en suelo rústico

El nuevo decreto de simplificación administrativa fulmina la comisión balear de medio ambiente y abre la puerta a que los ayuntamientos externalicen la concesión de licencias urbanísticas

El vicepresidente del Govern, Antoni Costa

El Govern de Prohens amnistía buena parte de las edificaciones ilegales en suelo rústico de Baleares. Quien pueda pagarlo, podrá legalizarlo. El borrador del nuevo decreto ley de simplificación administrativa autoriza la regulación de edificaciones prescritas en suelo rústico y, de paso, fulmina la comisión balear de medio ambiente. Además, abre la puerta a que los Ayuntamientos de las islas puedan externalizar la concesión de licencias urbanísticas. Este lunes se ha presentado el borrador del decreto con el que el Ejecutivo de Prohens pretende simplificar normativas, acortar trámites y digitalizar los procesos administrativos.

El borrador de decreto se ha elevado al Govern para su aprobación, aunque antes de darle luz verde se recogerán sugerencias por parte de entidades de la sociedad civil. Entre los asuntos más controvertidos: la legalización de construcciones en suelo rústico. El Govern abrirá una ventana de tres años para que quienes tengan construcciones en suelo rústico sobre las que la administración haya perdido el derecho a restablecer la legalidad urbanistica puedan ser legales.

Si el propietario ha construido una piscina ilegal o un porche no autorizado en rústico y el Govern ya no tiene derecho a restablecer la legalidad urbanística, podrá legalizarlo. Ese derecho la administración lo pierde, en la gran mayoría de casos, pasados al menos ocho años desde la infracción. Una vez aplicado este decreto, el propietario podría destinarlo a lo que considere. Es decir, cabe la posibilidad de que lo que ahora es una construcción ilegal en rústico termine siendo una villa destinada al alquiler vacacional. Esta posibilidad sólo quedaría vetada si se especifica concretamente en el decreto.

El conseller de Economía y Hacienda e Innovación, Antoni Costa, sostiene que la regularización de estas construcciones no implica una amnistía urbanística ya que, dice, los propietarios tendrán que pagar una serie de tasas y de cantidades en concepto de multa para poder legalizar sus construcciones. A golpe de talonario se podrá legalizar. Costa sostiene que esto responde a una problemática a la que había que dar solución, a una cuestión que, subraya, afecta a muchas familias que no podían actuar sobre sus inmuebles aunque estuvieran a punto de derrumbarse.

El conseller explica que el nuevo decreto contempla también la supresión de la comisión balear de medio ambiente, un organismo que sólo existe en esta comunidad. Los informes se realizarán desde un órgano unipersonal porque, según Costa, se pretende que los informes no atiendan a criterios de tipo político.

Respecto a los trámites en materia de vivienda, el Ejecutivo de Prohens quiere seguir los pasos de la Comunidad de Madrid y abre la puerta a que los Ayuntamientos externalicen la concesión de licencias urbanísticas mediante informes elaborados por entidades homologadas.

 
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