El plan de segregación lingüística del Govern ya es una realidad: los centros decidirán en mayo si se adhieren

Palma

El plan de segregación lingüística del Govern ya es una realidad, tal y como recoge desde esta mañana de sábado el Boletín Oficial de las Islas Baleares. Se empezará a aplicar el curso que viene, y durante tres cursos académicos, en aquellos centros educativos de Primaria que quieran adherirse voluntariamente a este plan piloto; algo que deberán solicitar en treinta días desde este próximo lunes. En el caso de secundaria, empezará a aplicarse a partir del curso 2025-2026.

En el sindicato educativo STEI rechazan frontalmente este plan, ya que "no aborda las necesidades actuales de la educación balear" y, por contra, "supone un conflicto lingüístico que a día de hoy no existe". Uno de los representantes, Vicenç García, avisa de la "confrontación entre la sociedad y la comunidad educativa que va a provocar".

Una de los requisitos para acogerse a este plan es el garantizar un mínimo del 50% de las horas lectivas en catalán, respetando así el Decreto de Mínimos. Con todo, desde la Obra Cultural Balear consideran que se trata de un plan lingüístico "ilegal" y han confirmado que continuarán adelante con su intención de recurrir la suspensión cautelar.

El presidente, Antoni Llabrés, ha achacado al conseller del ramo, Antoni Vera, que utilice el término "desdoblamiento", que alude a una separación por motivo del contenido, en lugar del que más se ajusta a la realidad, el de "segregación". "En el momento en el que se reclama tener aulas suficientes y adicionales para acogerse a este plan, ya hay una segregación de los alumnos", ha subrayado.

"El Govern ha jugado con el derecho de los padres a decidir la lengua y no es así"

El único nuevo detalle que no recoge el BOIB es la mención al Artículo 27.3 de la Constitución Española, que recoge el derecho que tienen los padres de los alumnos a recibir la formación religiosa y moral según sus convicciones, pero no el de elección de lengua.

En este sentido, Llabrés insiste en que "el Govern ha jugado con que los padres tienen que decidir en qué idioma escolarizan a sus hijos cuando no es así". Los centros serán quienes terminen decidiendo si se implanta o no este plan piloto, garantizando que existen las instalaciones suficientes y que al menos se cuente con un 20% de los alumnos matriculados en cada etapa. "Haber creado esta confusión genera una dinámica conflictiva entre las familias y los centros, y es pasarle a estos la patata caliente de forma irresponsable", ha señalado.

Esto implica que si no hay colegios públicos que se acojan al plan, ya sea porque no quieran o porque no alcancen ese 20%, podría darse el caso de que familias que deseen escolarizar a sus hijos en castellano puedan no ver satisfecho ese deseo, que tengan que marcharse a un centro lejano, o que tengan que recurrir a uno concertado o privado.

"No sabemos cómo actuaría el Govern si se dan estos casos, pero, sinceramente, creo que tampoco lo saben ellos", ha lamentado. Se trata, por tanto, del golpe de realidad del que ya avisaba la comunidad educativa, que no se puede prometer eso así como así. Falta conocer cómo valorarán estos escenarios sus socios de investidura, el partido Vox.

Las camisetas verdes, "una posibilidad"

García, por su parte, espera que no tenga mucho éxito este plan piloto. En caso contrario, tiene claro que "responde a un deseo de la ultraderecha de aniquilar el catalán, con la connivencia del Partido Popular". Ante un futurible escenario de regreso a las calles de las camisetas verdes, ha señalado que "es una posibilidad que no se descarta y que habrá que evaluar más adelante".