El PSOE denuncia ante el juez al director general de Salud en Baleares por renunciar al primer expediente de reclamación de las mascarillas

Palma

El PSIB PSOE denuncia por prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias al director general del Ib-Salut Javier Ureña al que acusa de dejar caducar la reclamación de 2'6 millones de euros a la empresa investigada en el Caso Koldo, de desistir de ella sin ningún informe jurídico y de construir un nueva reclamación para ocultar que habían dejado caducar el primer expediente. Todo con el conocimiento, aseguran, de la presidenta Marga Prohens. Esos mismos cargos los hace extensibles a Íñigo Rotaeche, socio mayoritario de Soluciones de Gestión y a la propia empresa.

En su denuncia, a la que ha tenido acceso la SER, los socialistas hablan de "trato de favor por parte de Ureña en su omisión de su deber de velar por el patrimonio público e intereses generales". Añaden que es una "clara administración desleal, al permitir deliberadamente y a sabiendas de su injusticia, la caducidad del expedientes en claro beneficio de la empresa adjudicataria y sus partícipes". En la denuncia resaltan, además, que el nuevo expediente de reclamación se pone en marcha sin ningún informe jurídico y que es una cortina de humo para ocultar que habían dejado morir la primera reclamación.

Para el PSIB PSOE queda claro que una vez que estalla el escándalo y el Govern de Marga Prohens es consciente de que ha dejado caducar el primer expediente, hacen todo lo posible para construir uno nuevo a posteriori. Algo que según los socialistas hacen "como cortina de humo" y con unos motivos "que no tienen soporte jurídico alguno". Según los socialistas, Ureña "construye de forma irregular un expediente administrativo para tener un relato de por qué dejaron caducar el expediente.

"Dejadez deliberada" de Ureña

Los socialistas denuncian que la renuncia al primer expediente se hace sin informe jurídico previo que lo avale ni del Servicio de Salud ni de la Abogacía. Añaden que se vislumbra claramente que los "actos llevados a cabo por el Sr. Ureña, concretamente su dejadez deliberada a partir del mes de noviembre 2023 en el que se registran las alegaciones de la empresa adjudicataria (06/11/2023), corresponde con el posible trato con personas relacionadas con la empresa denunciada conforme las noticias publicadas".

En la denuncia destacan también que desde noviembre, que es cuando la empresa presenta sus alegaciones, "no se produce ninguna otra diligencia, no se requiere la subsanación de ninguna deficiencia y sobre todo: no se resuelve en plazo el expediente administrativo".

Al margen de eso, los socialistas añaden que cuando salta a la luz el caso Koldo, "se construye ex novo un expediente administrativo, con diligencias y resoluciones de fechas 19 y 21 de marzo de 2024, con el único propósito de construir un expediente -sin contar con el preceptivo informe jurídico- para ocultar que el expediente de reclamación de casi 3 millones de euros había caducado en la fecha señalada por la Audiencia Nacional.

Conducta para beneficiar a la trama

Para el PSIB, se constata así que el Sr. Ureña, "obviando conscientemente su obligado deber de administrar lealmente el patrimonio público y los intereses de la Administración Pública, mantuvo una conducta omisiva deliberada encaminada a provocar la caducidad del expediente en beneficio de la empresa adjudicataria".

En la denuncia argumentan que desde que el Ib-Salut notifica a la empresa el expediente de reclamación en octubre, la empresa presenta alegaciones en noviembre y marzo de este año, el Govern de Marga Prohens no hace nada. Lo que sí hace en marzo es firmar una diligencia en la que se dice que fue un error dar tres meses de plazo al expediente en lugar de ocho. Además, esa diligencia que el PSIB califica de ilegal, se firma dos días antes de resolver el primer expediente e iniciar otro reclamando todo el dinero.

Operación para dar apariencia de coherencia

Este nuevo movimiento, el de abrir otro expediente para pedir todo el dinero, lo califican los socialistas de "rocambolesca operación que pretende dar apariencia de coherencia al desistimiento inicial de la reclamación, pero que no se sostiene en ningún caso, ya que incluso ambas reclamaciones hubieran podido ser compatibles". En su denuncia incluyen numerosa documentación y también los pinchazos telefónicos en los que los investigados hablan de las gestiones que hicieron con el actual Govern para presionar con el objetivo de que dejaran morir la reclamación.

En su denuncia, los socialistas piden que declare como testigo la Jefa del servicio de contratación del Ib-Salut que es quien firma la diligencia en la que hace constar que se ha producido un error material en la resolución inicial que señalaba un plazo de 3 meses, cuando “realmente” era de 8 meses.