El Govern cierra la oficina anticorrupción "en beneficio de una administración más eficiente y sostenible que pueda garantizar igualmente la transparencia"

Palma

El BOIB ha publicado la nueva ley de transparencia y pone el crono en marcha para liquidar la oficina. Tienen un plazo de seis meses. La nueva inspectora general, Catalina Ferrer, ocupará las mismas dependencias con su equipo. Ayer mismo Milán y Ferrer se vieron para el traspaso de información.

Baleares es la primera Comunidad Autónoma que fulmina un organismo de estas características. Al margen de la eliminación de la Oficina, la norma contempla que las declaraciones de patrimonio y actividades de los altos cargos pasarán a ser de carácter reservado y las denuncias no podrán presentarse amparándose en el anonimato.

De momento, será la Inspección General de Calidad y Servicios, con Catalina Ferrer, exnúmero dos de la Conselleria de Vivienda, al frente, quien custodie los expedientes que están en tramitación, aunque el texto ya avisa de que se declarará la caducidad de los procedimientos en curso que superen el plazo de seis meses o un máximo de nueve para los que estén prorrogados, a contar desde el inicio de las actuaciones y procediendo al archivo.

En la exposición de motivos se explica que es una decisión que se toma "en beneficio de una administración más eficiente y sostenible que pueda garantizar igualmente la transparencia y el control de los cargos públicos de las Islas Baleares".

La norma crea el Registro de Transparencia como órgano administrativo adscrito al Parlament y la Mesa, que será la encargada de adoptar las medidas pertinentes en relación a los recursos materiales y humanos que sean necesarios para el buen funcionamiento. Este registro, dice la ley, tendrá carácter reservado y, además, cualquier acceso quedará registrado.El PSIB ya anunció que estudia la posibilidad de recurrir la norma al Tribunal Constitucional.