Córdoba dice que la mitad de las ofertas ganadoras del concurso de quioscos de Formentera "podrían incumplir los pliegos"

Ibiza

La mitad de las ofertas mejor valoradas en el concurso de los quioscos de playa de Formentera podrían incumplir los pliegos de condiciones. Es lo que dice ahora el presidente del Consell Insular, Llorenç Córdoba, que insiste en que la única alternativa posible para no generar "inseguridad jurídica" es declararlo desierto y convocar uno nuevo por las "incongruencias e irregularidades" en todo este proceso.

Córdoba recalca que hasta ahora no se había hecho ninguna calificación de la documentación que se presentó por parte de las empresas hace dos años. Una vez que se ha hecho, la Mesa de Contratación ya ha excluido a una de las empresas con mejor puntuación y ha dado al resto un plazo de tres días para subsanar deficiencias, pero esto es algo que "podría ser irregular" según el presidente insular, porque afirma que "en este plazo de subsanación no se pueden presentar documentos que no estaban cuando se hicieron las ofertas".

Bloqueo

Con este escenario, el presidente del Consell destaca que no hay un solo informe que avale la adjudicación y, en cambio, hay dos que se decantan por declarar desierto el concurso y el más importante señala que no se tendría que pagar indemnización alguna.

Así que insiste en que si los consellers de sa Unió siguen "bloqueando" en junta de gobierno su propuesta, la única alternativa sería prolongar la autorización temporal a los quioscos que han dado el servicio en los últimos años a la espera de que se convoque otro concurso. Algo que también despierta dudas en torno a su legalidad teniendo en cuenta que se ha recibido la concesión de Costas en mayo de 2023 en la que se daba seis meses para que se desmontaran las autorizaciones.

En cualquier caso, el presidente insular refuerza esta teoría, apuntando que la Mesa de Contratación emite una valoración "técnica, no jurídica, y, por tanto, no existe un conflicto de interpretaciones".

Prevaricar

Córdoba advierte de que los consellers de sa Unió podrían incurrir "presuntamente en un delito de prevaricación", teniendo en cuenta que su postura no está respaldada por un informe jurídico.