El PSOE de Santa Eulària dice que se confirma la "irregularidad" de la adjudicación de un contrato de 500.000 euros al padre del primer teniente de alcalde

Ibiza

El grupo Socialista de Santa de Eulària dice que se confirman las irregularidades que denunciaron en 2021 cuando la Junta de Gobierno de la Villa del Río adjudicó un contrato de casi medio millón de euros en el que participó el primer teniente de alcalde, Miquel Tur, para el alquiler de un local, que era propiedad de su padre.

El PSOE dice que estas irregularidades fueron ratificadas por la Oficina de Prevención y Lucha Contra la Corrupción de Baleares, recientemente cerrada en su memoria del pasado año. Por su parte, desde el gobierno local responden que la Oficina cerró hace un año sin sanciones una investigación anónima por la presunta contratación irregular, ya que ni se consideraba que tuviera que anularse el contrato ni se trasladó a Fiscalía para una investigación penal más exhaustiva

Los progresistas, que fueron los que pusieron estos hechos en manos de la Oficina, anuncian que a partir de ahora tomarán las medidas que sean necesarias "para llegar al fondo de este asunto y que se depuren responsabilidades" El consistorio alquiló un local para albergar las dependencias de Bienestar Social a una empresa propiedad del padre del primer teniente de alcalde y una vez alquilado licitó una reforma de las dependencias por un importe de 333.000 euros.

Memoria Oficina

En la memoria de la Oficina Anticorrupción se destaca que Tur en su condición de miembro de la junta de gobierno entró en un conflicto de intereses a la hora de decidir la adjudicación, "ya que podía influir en el resultado y tenía directa e indirectamente un interés financiero, económico y personal que podría comprometer su imparcialidad". De esta manera se podría estar ante una infracción "muy grave", ya que además el primer teniente de alcalde fue gerente y apoderado solidario de esta empresa un día antes de tomar posesión de su cargo en el Ayuntamiento en 2019.

La Oficina considera que la empresa adjudicataria estaba en situación de prohibición de contratar. También se ponen peros a la reforma integral del local porque se señala que sus características ya se ajustaban a los requerimientos establecidos en los pliegos.

El director de la Oficina remitió un escrito posteriormente a la alcaldesa de Santa Eulària dando cuenta de esta situación exponía que en caso de carecer la corporación de un Plan de Medidas Antifraude se valoraran los diferentes riesgos de corrupción. Que para futuras composiciones de mesas de contratación y cuando el órgano de contratación fuera la alcaldía o cuando se delegara la competencia en otro órgano, la primera edil no podía formar parte como presidenta.

El equipo de Gobierno responde

Desde el Ayuntamiento han respondido que la Oficina cerró hace un año sin sanciones esa investigación por el alquiler de un local para Servicios Sociales.

Según han explicado, no consideró que deba anularse el contrato ni se trasladó a la Fiscalía el expediente para una investigación penal más exhaustiva y únicamente se apuntan al Consistorio las recomendaciones de aprobar un Plan de Medidas Antifraude, el cual está en vigor desde mayo del año 2022.

También han recordado que la alcaldesa no formó parte de la Mesa de Contratación en aquellos acuerdos, cuyo órgano de contratación es Alcaldía, algo que ya hace tiempo que se viene cumpliendo, según el equipo de Gobierno.

Insisten en que la decisión que se tomó, se apoya en informes favorables por parte de Secretaría, Intervención y Contratación y que la Sindicatura de Cuentas ni ningún otro organismo lo han puesto en cuestión.

Afirman que el proceso ha sido transparente, mediante un proceso de licitación, aunque la normativa hubiera permitido hacerlo de manera directa, para que cualquier propietario de un local pudiera presentarse al concurso.

Concluyen que, una vez que desde Servicios Sociales se analizaron 12 locales de los que se tenía conocimiento que estaban en alquiler, se estimó que ese era el más adecuado pero, aun así, se realizó un procedimiento abierto y no se presentaron alegaciones en contra.