La Oficina Anticorrupción pasó la investigación de Campos a la Fiscalía en noviembre tras apreciar delito urbanístico
El organismo contra el fraude recibió el año pasado 133 denuncias, 68 de ellas anónimas
cámara autonómica / parlament Illes Balears
Palma
La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares dio traslado de la investigación abierta sobre el Ayuntamiento de Campos a la Fiscalía el pasado mes de noviembre y suspendió la vía administrativa tras apreciar indicios de un posible delito urbanístico en la concesión de licencias por parte del Consistorio desde el año 2015.
Así consta en la Memoria del organismo correspondiente al año 2023, presentada este martes a través de registro en el Parlament y en la que también se apunta a indicios de prevaricación en este procedimiento.
La investigación del organismo, ahora en liquidación tras aprobarse la ley de transparencia impulsada por el PP, afectaría al exregidor de Urbanismo, Sebastià Sureda, que ocupa ahora el cargo de director general de Emergencias, y deriva de una denuncia recibida en noviembre de 2020 por un posible delito de prevaricación por parte de las autoridades del Ayuntamiento de Campos al no actuar en varios locales que funcionaban sin licencia de actividad en el polígono industrial.
También se denunció que se habían concedido determinadas licencias ilegales porque el suelo nunca tuvo la calificación de industrial y las licencias se concedieron cuando la zona estaba considerada suelo de desarrollo urbano no transformado.
Según queda recogido en la memoria, la persona informadora indicó que el Ayuntamiento de Campos denegó una solicitud de licencia de actividad porque el suelo estaba clasificado como rústico común, mientras que los locales limítrofes tenían actividad.
La memoria halló cuatro posibles delitos urbanísticos en cuatro inspecciones de control de establecimientos e instalaciones en las que los funcionarios municipales certificaron que no se apreciaba actividad comercial, a pesar de que la Oficina pudo verificar fehacientemente que se estaban realizando actividades en contra el ordenamiento jurídico.
Igualmente, el organismo apreció delitos de falsedad documental argumentando que "se faltó a la verdad de los hechos". Se apreciaba igualmente prevaricación, al dictar una resolución que omitía la suspensión de las actividades.
Según la memoria, habría al menos 18 establecimientos sin licencia y dos talleres que habrían realizado ampliaciones ilegales.
Durante la fase de investigación, la Oficina recibió la solicitud de copia del expediente por parte de la Fiscalía Anticorrupción y en noviembre de 2023 se trasladó copia del expediente a la Fiscalía y se suspendió la tramitación administrativa.
La memoria de 2023 de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción recibió un total de 133 informaciones o comunicaciones, tanto formales como informales, de las que 68 fueron anónimas y 39 de particulares.
Respecto a la tipología de los entes afectados, la mayoría (54) tenían que ver con corporaciones locales, una decena con empresas y entidades privadas, ocho con el Govern y cinco específicamente con el IbSalut.
