El Consorcio Eivissa Patrimonio construirá más vivienda pública en sa Penya y un parque arqueológico en Dat Vila

La Junta Rectora del Consorcio Ibiza Patrimonio ha aprobado una nueva inversión de seis millones de euros que aportarán a partes iguales, Govern Balear, Consell Insular y Ayuntamiento de Ibiza. Así se ha acordado en la reunión celebrada en Can Botino y en la que han estado presentes la presidenta de honor de este organismo y presidenta del Govern, Marga Prohens, el presidente del Consell, Vicent Marí y el alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, además de representantes de las tres administraciones.

Dinero que servirá para financiar tres nuevos proyectos, un parque arqueológico en la zona del antiguo hospital en Dalt Vila con un coste previsto de 3,8 millones según el anteproyecto elaborado, la reconversión de locales en dos unidades de actuación de sa Penya para construir entre cinco y ocho viviendas públicas más que costará 1,2 millones y la ampliación de la conexión del tramo entre el parque Reina Sofía y Vara de Rey con una partida prevista de un millón.

Nueva financiación

El organismo que coordina todas las actuaciones en las zonas reconocidas por la Unesco cambia su sistema de financiación. Ya no será con un crédito a largo plazo como se había hecho hasta ahora. Se acabó el endeudarse, dice el alcalde de Vila, Rafa Triguero, que destaca que todavía están amortizando el último préstamo solicitado bajo administración progresista y quedan 2,7 millones por devolver a los bancos.

A partir de ahora, los proyectos que se aprueben tendrán aportación de las instituciones para cubrir la hoja de ruta prevista, que es invertir 17 millones en los próximos 15 años para "conservar, mantener y mejorar" todas las zonas patrimonio

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Por su parte, Prohens, dice que este año se debe hacer un esfuerzo "todavía mayor" teniendo en cuenta que se cumple el vigesimoquinto aniversario del reconocimiento de la Unesco de "este espacio único".

Marí, celebra que se haya acordado en la reunión de este miércoles la creación de una comisión técnica integrada por las tres administraciones encargada de velar por el seguimiento de todas las actuaciones en el casco histórico de Vila. Una reclamación que ya hizo sin éxito el gobierno insular en la pasada legislatura.