Desarticulada una trama que prometía la anulación de sanciones millonarias por infracciones urbanísticas
La Policía Nacional ha arrestado a cuatro personas que aseguraban intermediar con la Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca para archivar multas millonarias por infracciones urbanísticas. Algunas superaban el medio millón de euros y obligaban a la demolición de la construcción
Coche de la Policía Nacional. / Cadena SER
Palma
Desarticulada una trama que prometía la anulación de sanciones urbanísticas. La Policía Nacional de Baleares ha arrestado a cuatro personas que aseguraban intermediar con la Agencia de Defensa del Territorio para archivar multas millonarias por infracciones urbanísticas. Están acusados de presuntos delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal en un fraude que podría superar los 370.000 euros.
Según ha explicado la Policía Nacional, los cuatro arrestados captaban a propietarios de inmuebles que habían sido sancionados por la Agencia de Defensa del Territorio del Consell de Mallorca. Les aseguraban que contaban con contactos dentro de esta agencia pública que les permitían anular las sanciones por la comisión de infracciones urbanísticas.
El cabecilla de la organización se dedicaba a captar a los clientes y recaudar el dinero que entregaba a un compinche que era, presuntamente, el encargado de gestionar el asunto con el supuesto contacto de la Agencia. Otro de los detenidos, arquitecto de profesión, simulaba llevar a cabo gestiones ante la administración para dar tranquilidad a las víctimas y aparentar que el dinero que estas pagaban a la trama servía para obtener la anulación de la multa. El cuarto arrestado utilizaba una cuenta bancaria a nombre de una empresa para ir ingresando el dinero recaudado.
Los investigadores han analizado los expedientes abiertos a las víctimas por infracción urbanística y han comprobado que las gestiones practicadas por la organización criminal eran un gesto de cara a la galería y no tenían repercusiones reales. Las sanciones eran ya firmes y no cabía posibilidad de recurso ante la Agencia. La trama se descubrió a raíz de la denuncia de una de las víctimas. Esta persona había recibido una sanción por haber realizado unas obras en suelo rústico y, a través de unos conocidos, se puso en contacto con el líder de la trama.
Los investigadores han concluido que los detenidos se aprovecharon de la situación límite a la que estaban sometidas las víctimas para convencerles de que realizasen los pagos. Y es que alguna de las sanciones impuestas por la agencia superaba el medio millón de euros y obligaba al derribo total de la construcción. Además de los perjuicios económicos, las víctimas se han visto perjudicadas por la nula actividad que se llevó cabo sobre sus expedientes. Esto les ha impedido beneficiarse de las reducciones en las multas por pronto pago. De hecho, muchas tendrán que pagar intereses de demora y algunas de ellas han tenido incluso que enfrentar el embargo de sus bienes.
