El senador pitiuso presenta una moción para mejorar las condiciones de vida de los migrantes que llegan a las Pitiusas
Acusa al Ayuntamiento de Santa Eulària de poner trabas a los empadronamientos y el Consistorio responde "sorprendido"
Juanjo Ferrer / Cadena SER
Ibiza
El senador de Ibiza y Formentera, Juanjo Ferrer, ha presentado una moción que se debatirá próximamente en la Cámara Alta, en la que la propone varias medidas para mejorar las condiciones de vida de la población inmigrante en nuestras islas. Ferrer pide agilizar los trámites para facilitarles los permisos de residencia y trabajo y que de esta manera puedan incorporarse al mercado laboral que, en estos momentos, en Ibiza y Formentera tiene un importante problema de falta de mano de obra. También exige que se garantice la asistencia sanitaria universal y gratuita y que determinados ayuntamientos -en Ibiza las asociaciones de inmigrantes concretan sus quejas contra Santa Eulària- dejen de poner trabas a los empadronamientos.
Asimismo, Ferrer defenderá en el Pleno del Senado que se pongan en marcha medidas para combatir la situación de precariedad y vulnerabilidad de una buena parte de la población migrante que se encuentra en Ibiza y Formentera. El senador ha mantenido varias reuniones con asociaciones de inmigrantes y, según los datos facilitados por estas entidades y para las propias administraciones públicas, solo en la ciudad de Ibiza un 30% de la población extranjera podría encontrarse sin papeles.
Según la Asociación de Paraguayos en las islas de Ibiza y Formentera, la única que ha realizado un censo documentado de sus nacionales, la mitad de las 5.000 personas de este país que residen en nuestras islas no tienen permiso de residencia y trabajo.
Santa Eulària responde "sorprendida"
Desde el Ayuntamiento de Santa Eulària se han sorprendido por la queja hecha pública por el Senador Ferrer. De hecho, aseguran que no han recibido ninguna queja de ninguna asociación por esas trabas a las que alude.
Explican que las condiciones y los requerimientos para poder empadronarse en la Villa del Río son los mismos para los españoles que para los inmigrantes.
Además, no hay ninguna tasa que se cobre a excepción de la que se contempla por la comprobación de un domicilio a petición de un particular, ya que la policía debe acudir al lugar para certificar que esta persona vive ahí si no cuenta con documentación que lo acredite y quiere verificarlo para poder empadronarse, son 50 euros y señalan que es poco habitual.
El Ayuntamiento niega cualquier tipo de actuación destinada a bloquear el empadronamiento de ningún colectivo, como se puede comprobar accediendo al apartado ‘solicitud de alta’ del área de ‘Padrón’ de la web. Los tipos de trámite que se solicitan, tanto a españoles como de otras nacionalidades, solo difieren en la necesidad de presentar un documento identificatorio legal, que en el caso del los primeros es el DNI y, en el caso de los segundos, el NIE o el pasaporte. Igualmente, no se cobra tasa por inscribir en el padrón a ninguna persona. No consta ningún escrito de ninguna asociación de inmigrantes solicitando cambios en el procedimiento.
Aseguran que el senador no ha solicitado información al respecto al Consistorio, el Ayuntamiento defiende que su actuación "se limita a hacer cumplir la normativa y a evitar los fraudes que pueden estar ligados a conseguir la condición de empadronado, sean cometidos por ciudadanos españoles o por extranjeros. Cumplir escrupulosamente con los requisitos y con los obligados tiempos administrativos es una garantía de seguridad e igualdad de trato para todas las personas y evita que haya individuos, de cualquier nacionalidad, que consigan los beneficios y derechos que otorga el empadronamiento, sufragados con los impuestos del conjunto de la ciudadanía".
Desde el Ayuntamiento se entiende que "quienes precisan del empadronamiento por algún motivo deseen que este se gestione lo antes posible y los esfuerzos del personal vinculado al servicio se dirigen a ello, pero no se pueden eludir trámites y controles necesarios, ya que la creación de atajos implica también el riesgo de abusos que al final afectan al conjunto de la ciudadanía".
