Una sentencia del Supremo da por caducada la reclamación del Govern por las mascarillas
El Govern entiende que el expediente caduca a los ocho meses y no a los seis como refleja el texto del alto tribunal: "Estamos dentro de plazo, tenemos hasta el 24 de abril"
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PALMA (ISLAS BALEARES), 22/02/2024.- Fotografía de las mascarillas compradas en Baleares a la empresa del asesor del exministro socialista José Luis Ábalos. Un informe de la Oficina Anticorrupción de Baleares sobre la compra de mascarillas a la empresa ligada a Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, asegura que la sociedad contrató con el Ministerio de Sanidad la compra de material valorado en 40,5 millones de euros durante la pandemia de covid-19. EFE/ Conselleria De Salud Del Govern Balear SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / Conselleria de Salud del Govern balear EFE
Palma
La reclamación del Govern de 2'6 millones de euros por el casi millón y medio de mascarillas que se compraron en 2020 a la empresa vinculada a Koldo García ha caducado según la sentencia del Tribunal Supremo con fecha 29/01/2024 que argumenta que en este tipo de procedimientos de resolución contractual el plazo máximo es de tres meses salvo que una normativa autonómica lo amplíe. En el caso de Baleares, se da esa circunstancia ya que la Ley 3/2033 de Régimen Jurídico de la Administración establece en su artículo 50.1 que "Los plazos máximos para dictar y notificar la resolución expresa en los procedimientos de competencia de la comunidad autónoma son los que fije la norma reguladora del procedimiento correspondiente y no podrán exceder de seis meses, salvo que una ley establezca uno más amplio o así se prevea en la normativa comunitaria".
Así pues y tomando como referencia las fechas que han dado a conocer desde el Govern, la reclamación se presentó de manera formal el 24 de agosto por lo que según esta sentencia del Supremo, ha caducado el 24 de febrero. En el Ejecutivo Autonómico consideran que tienen de plazo hasta el 24 de abril porque entienden que no son seis meses sino ocho en base a un informe de la Junta Consultiva de Contratación Administración (órgano autonómico) que recoge que en este tipo de procedimientos se disponen de ocho meses. Es un informe del 30 de noviembre de 2023.
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Parte del informe en el que se basa el Govern para defender que tiene ocho meses de plazo
La sentencia del Supremo, posterior a ese informe de noviembre de 2023, recuerda en su argumentación que "Los expedientes de resolución contractual deberán ser instruidos y resueltos en el plazo máximo de ocho meses". Ahora bien, esta previsión no puede tomarse en consideración dado que dicho precepto fue declarado inconstitucional por STC 68/2021 de 18 de marzo, por entenderlo contrario al orden constitucional de competencias y se consideró no aplicable a los contratos suscritos por las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, como es el caso que nos ocupa.
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Fragmento de la sentencia del Supremo donde recuerda que el plazo de ocho meses fue declarado inconstitucional
Trabajando a contrarreloj en la Abogacía de la Comunidad
El enfrentamiento entre Govern y PSIB PSOE se ha centrado precisamente en las últimas horas en los plazos del expediente por saber si el actual ejecutivo autonómico ha dejado caducar esta reclamación algo que han negado por activa y por pasiva desde el Consolat: "La vía administrativa sigue viva", explican a la SER fuentes del Govern que matizan, en todo caso, que "se está estudiando qué hacer con la vía administrativa una vez que se formalice este miércoles, previsiblemente, la personación en la causa abierta en la Audiencia Nacional".
Estas mismas fuentes del Consolat explican a esta emisora que la Abogacía de la Comunidad está estudiando la mejor solución jurídica a todo este embrollo argumentando que que si tal y como recoge el Supremo la reclamación hubiera caducado, "la caducidad del expediente no conllevaría la caducidad de la reclamación ya que se estudiaría si abrir otro o mantener únicamente la vía judicial".
En cualquier caso, desde el equipo de gobierno de la presidenta Prohens añaden que "no se descarta dejar morir la vía administrativa reclamando 2'6 millones de euros porque en los tribunales se reclamará la devolución de todo el importe (3'7 millones de euros) que es una cifra superior".
