Piden la apertura de juicio contra los exalcaldes de Sant Antoni, José Sala, y Pepita Gutierrez, y una indemnización solidaria de 15 millones de euros

Ibiza

La empresa concesionaria del aparcamiento subterráneo en el casco urbano de Sant Antoni hasta el año 2021 pide 15 millones de euros de indemnización a los exalcaldes de la Villa de Portmany, Pepe Sala y Pepita Gutiérrez y cinco exconcejales, Vicente Ribas, José Torres, Juan Pantaleoni, Josefa Costa y Vicente Costa.

En el escrito de acusación, presentado por las empresas Subsuelos Urbanos S.L., Prontón SL e Ibimerco Empresa Constructora, se solicita la apertura de juicio oral contra todos ellos. Llevan más de una década imputados en esta causa, que se inició en 2008 y por la que han declarado en los juzgados de Ibiza.

Además, se pide la pena de inhabilitación especial de nueve años para empleo de cargo público por un presunto delito de prevaricación y por otro de supuesta malversación, una multa de seis meses a razón de 25 euros por día.

En su escrito de conclusiones provisionales presentado en diciembre pasado en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Ibiza señala que obtuvieron la concesión administrativa para la construcción y explotación durante 75 años, pero que desde que se inició la explotación se constató que se mantenían y se iban abriendo diversos aparcamientos públicos, gratuitos sin licencia. Entre otros, los de ses Variades, Antoni Riquer 44 y 17, San Rafael y en el polígono 9. Por ese motivo exigieron a los responsables políticos sin éxito su cierre y acabaron recurriendo a los tribunales.

Los exalcaldes de San Antoni, siempre han negado que tuvieran la obligación de cerrar estos parkings disuasorios. Se escudaban en informes técnicos que decían que los parkings podían estar abiertos con los convenios que se hacían con los propietarios de los solares, ya que no pagaban el IBI. También por la vía urbanística podían estar abiertos.

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Los tribunales instaron en 2021 al Ayuntamiento a cerrar el aparcamiento de ses Variades y de otros solares del casco urbano. El gobierno presidido por Marcos Serra retiró meses después del fallo las señales y los bolardos que informaban del aparcamiento en ses Variades.

Tras el escrito de la acusación, falta ahora el pronunciamiento de la Fiscalía y que se resuelvan recursos presentados antes de que el juez que instruye este caso decida si se abre juicio o se archiva la causa.

La empresa que gestionaba el aparcamiento de la plaza Espanya entró en concurso de acreedores en 2021. Apunta que la situación a la que se vio abocada no fue por una mala praxis empresarial, sino por el quebranto de deber de custodia de la normativa urbanística del Ayuntamiento de Sant Antoni.

Respecto a la indemnización que solicitan, hacen constar que el cálculo corresponde al periodo que va del 27 de junio de 2010 al 16 de febrero de 2021. Se le tendrá que descontar los ingresos reales por Subsuelos Urbanos en el mismo periodo por rotación y abonos.

Actualmente, este parking está explotado por la sociedad Med Real Estate Opportunity.