La ley balear del taxi es "inconstitucional y provocará indemnizaciones millonarias" según patronales nacionales de VTC

Ibiza

Las dos patronales más representativas del sector de las VTC en España, Unauto y Feneval, arremeten contra la ley que regula el transporte público en las islas con vehículos de hasta nueve plazas aprobada ayer por unanimidad en el Parlament Balear Dicen que va en contra del interés general y advierten de que provocará indemnizaciones millonarias a los titulares de las autorizaciones.

En una carta abierta dirigida a la presidenta del Govern, Marga Prohens, muestran su decepción por el procedimiento que se ha seguido para regular el sector. Rechazan que se mantenga la precontratación mínima de 30 minutos para las VTC " porque va en contra de una sentencia del Tribunal Supremo que la ha tildado de ilegal". Lamentan la prohibición de que los vehículos de transporte con conductor aparquen en lugares de concentración de demanda como hoteles, centros comerciales, puertos y aeropuertos. También aquí, recalcan que el Alto Tribunal ha anulado una restricción similar en la Comunidad Valenciana.

Las dos patronales consideran un "despropósito" que el Parlament pongan "trabas injustificadas y claramente ilegales" a la llegada de las Vtcs de la península a las islas si tienen el título habilitante nacional. El presidente de Unauto, José Manuel Berzal, que ha pasado por el programa 'Hoy por Hoy para Ibiza y Formentera', sigue apostando por el diálogo "mano tendida con el Govern y con todos los partidos para alcanzar un acuerdo que sea buena para todos" y pone el acento en la importancia que tienen las VTC en las islas.

En su valoración de la nueva Ley consideran que el Parlament puede haberse extralimitado en sus competencias y consideran que la normativa aprobada solo responde al interés de un gremio en particular. Recalcan que la falta de taxis durante todo el año, "pero especialmente en verano demuestra la necesidad de ampliar la oferta y se hace todo lo contrario".

Concluyen que la ley empeorará la falta de servicios de movilidad que de forma crónica padecen los ciudadanos y turistas de Baleares. Y mandan un aviso a los responsables políticos de las islas, ya que aseguran que "han ignorado la jurisprudencia de los tribunales por lo que incurrirán en responsabilidades personales por la ejecución de una normativa inconstitucional y contraria al derecho europeo".

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