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Vidal niega ahora haber "señalado a nadie" por la compra del anterior Govern de viviendas a Metrovacesa

La fiscalía rechaza investigar la compra de 88 viviendas en Nou Llevant por parte del Govern de Armengol, que el Govern de Prohens abortó, al considerar que no hay indicios de delito

Palma

La consellera de Vivienda niega que acudiendo a la fiscalía quisiera denunciar ilegalidades en la operación de compra por parte del Govern de Armengol de 88 viviendas a la promotora Metrovacesa para destinarlas al parque público. El Ejecutivo de Prohens envió el expediente a la fiscalía, que ahora ha archivado el asunto porque no aprecia indicios de delito o irregularidad. La consellera Vidal dice ahora que nunca señaló "a nadie".

Todo a pesar de que su departamento convocó una rueda de prensa de urgencia junto al vicepresidente Costa el pasado mes de julio para desgranar, durante una hora, lo que consideraban que era una operación en la que habían apreciado irregularidades. Apenas tres días antes de las elecciones generales, en las que la responsable del anterior Govern Francina Armengol era cabeza de lista por el PSOE, Vidal y Costa hablaron de falta de justificaciones técnicas, ausencia de informes jurídicos y de la inexistencia de una memoria preceptiva para tomar decisiones cuando el Govern está en funciones.

El Govern, de hecho, desistió de la compra de esas 88 viviendas en Nou Llevant que hubieran pasado a formar parque del parque público de vivienda y las devolvió a Metrovacesa, que las podrá vender al precio que considere en el mercado libre. Después de todo eso y de decir que habían apreciado irregularidades, ahora la consellera de Vivienda sostiene que no tenía intención alguna de señalar a nadie.

Vidal afirma que no tenían ánimo de formular una denuncia sino simplemente de transmitir la documentación a la fiscalía para que el Ministerio Público decidiera si había indicios suficientes para abrir una investigación. El asunto queda resuelto con un caso que la fiscalía ni siquiera investigará y con 88 viviendas que se iban a adquirir para pasar a protección oficial quedarán en manos de un fondo buitre que las venderá a precios que la mayoría no puede pagar.

 
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