La gerente de Amadiba, Jane King, dice que nadie cuestiona que los servicios en Ibiza "se prestaron entre 2017 y 2019 y deben pagarse"

Ibiza

La Asociación Amadiba no entra a valorar la causa penal abierta en los juzgados de Ibiza por los servicios que se prestaron en la isla entre 2017 y 2019 y por la que declaró ayer como investigada la exconsellera de Bienestar Social del Consell de Ibiza, Lydia Jurado, que negó que se hubiera cometido delito alguno en la contratación.

La gerente de la asociación, Jane King, resalta que nadie cuestiona la prestación de servicios y "lo que es más importante se evitó que decenas de personas con discapacidad tuvieran que seguir desplazándose a Palma, con el coste económico y humano para sus familiares". Destaca que recibieron el encargo de crear "una red asistencial en Ibiza que no existía, nosotros no somos juristas".

King resalta que llevan seis años soportando una situación "muy complicada", porque no han cobrado un solo euro y esto ha provocado "un grave quebranto al patrimonio de Amadiba, llegando a poner en riesgo que se pudiera seguir prestando el servicio en Ibiza".

Por eso confía en que la vía penal y la instrucción de esta causa no demore todavía más la solución definitiva que pasa el pago de los 2,4 millones de euros que el Consell de Ibiza adeuda a la asociación y que han llevado a Amadiba a recurrir a la vía del contencioso-administrativo para cobrar.

King Recuerda que se han mantenido en los últimos años varias reuniones con el actual gobierno para intentar llegar a un acuerdo que no termina de materializarse.

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