Dones Progresistas acusa a al gobierno de Sant Josep de "querer borrar el legado de Margalida 'Llogat' por motivos ideológicos"

Ibiza

Una de las vecinas desalojadas de los apartamentos Don Pepe, en San Josep, ha reprochado en el pleno celebrado hoy al alcalde, Vicent Roig, que hablara de una solución "fácil" cuando estaba en la oposición y que todo siga igual seis meses después cuando gobierna. Le ha recordado que se prometió una enmienda a la normativa urbanística para rehabilitar los dos edificios. También que no se tomarían decisiones sin los vecinos y tampoco se ha convocado asamblea alguna y que ella misma lleva 4 meses esperando una cita con el primer edil. Ha recalcado que desde hace 20 años paga una hipoteca y le quedan 10 años más y ha lamentado que ahora el primer edil solo hable de rehabilitar un edificio.

Roig ha dicho que las circunstancias son "otras" tras el expediente de declaración de ruina aprobada en la pasada legislatura. Reitera que se adoptaron "decisiones incorrectas" y afirma que las medidas que se adopten se harán en marco de la comisión de seguimiento que quiere reunir en la primera quincena de enero de 2024. El alcalde asegura que siempre actuarán desde la vertiente "humana" y que por eso han pedido al Govern que mantenga las ayudas.

Margalida 'Llogat'

Una representación de Dones Progresistas, con su presidenta, Dessiré Ruiz Mostazo, también ha asistido al pleno y ha intervenido para afear al alcalde que por motivos ideológicos quisiera "borrar el legado histórico de una humanista como Margalida `Llogat’" de la que ha dicho que se merece que la calle principal de Sant Josep lleve su nombre. Roig ha respondido que en ningún momento ha sido este el objetivo del equipo de gobierno y ha pedido que no se "manipule y mienta con acusaciones que no reflejan la realidad". Afirma que en los ocho últimos años no se hizo nada para recordar su figura.

Los grupos progresistas han retirado una moción conjunta en la que pedían que se mantuviera el nombre de la calle en Sant Jordi de la histórica sindicalista, pero han reiterado su propuesta una vez que el alcalde anunció ayer que no se cambiaría el nombre de la calle.

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En la sesión plenaria se ha aprobado una propuesta de urgencia del equipo de gobierno para licitar el servicio de vigilancia y socorrismo en las playas incluyendo medidas para personas con movilidad reducida.

Se incrementan los salarios un 15% en relación con el convenio del sector. Los socorristas cobrarán 1.930 euros brutos al mes. Habrá más personal, un total de 44 plazas y más equipamientos

En las playas y calas calificadas de riesgo medio y alto, el servicio estará operativo desde el 1 de mayo al 31 de octubre.