El Parlament aprueba, con la ausencia de Prohens, la moción de Vox sobre el catalán en la función pública
La portavoz de VOX afirma que la política lingüística no la decide el PP, sino el Govern apoyado por Vox
El pleno del Parlament ha aprobado este martes la moción de Vox que contiene el impulso de medidas para que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública y lo ha hecho con la ausencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens. Al mismo tiempo, el diputado de sa Unión, Llorenç Córdoba, se ha abstenido desmarcándose así del PP horas después de anunciar que se replantea el apoyo incondicional al Ejecutivo.
La moción ha salido adelante con 32 votos a favor, 24 en contra y la abstención del diputado Córdoba.
Entre otros puntos, el texto reclama, en línea con lo contenido en los acuerdos de investidura impulsar el desarrollo normativo correspondiente para que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública, extremo que para MÉS per Mallorca supone la eliminación, no solo del requisito sino del mérito. La moción pide también en todo caso que se garanticen los derechos de los ciudadanos a dirigirse y ser respondidos en la Administración Pública empleando la lengua que deseen.
La portavoz de Vox, Idoia Ribas, ha celebrado la aprobación de la moción, aunque lo ha hecho recordando que "queda mucho por hacer" e insistiendo en que el PP necesita Vox para garantizar la estabilidad del Ejecutivo. "Tenemos un acuerdo a cambio de se lleven a cabo actuaciones en materia lingüística. Habrá más medidas", ha adelantado, volviendo a negar que se haya renunciado a la ley de creación de la Oficina de Libertad Lingüística.
"No por decir muchas veces que la Oficina va a perseguir el catalán va a ser verdad, igual que por mucho que se diga que Baleares es un país va a dejar de ser una región de España", ha afirmado en respuesta a la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon.
La ecosoberanista ha criticado que eliminar el catalán como requisito y mérito en la función pública es el tercer episodio de los ataques de Vox a la lengua "tras la segregación a cambio del techo de gasto y la oficina lingüística a cambio de los presupuestos".
Ramon ha calificado la oficina lingüística como "un chiringuito regado con 750.000 euros para perseguir personas, ayuntamientos, entidades y consejos escolares".
Por parte del PP, la portavoz adjunta, Marga Duran, ha garantizado que el derecho de los ciudadanos a dirigirse y ser contestado en la Administración Pública en cualquiera de las dos lenguas cooficiales siempre estará garantizado, aunque lo ha hecho recordando a Vox que el despliegue normativo no corresponde a los partidos. "Cumpliremos, no se preocupen, pero quien lo desarrolle será el Govern", ha concluido.
El PSIB ha votado en contra porque, en palabras del diputado Carles Bona, todos los puntos van en contra de la protección del catalán. El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha lamentado que el PP esté "siendo cómplice de las obsesiones de Vox".
"No es el PP quien debe decidir la política del Govern en materia lingüística", sino cumplir los acuerdos con Vox, "formación imprescidible" para la gobernabilidad de las islas, ha afirmado este martes en el Parlament la portavoz del grupo de extrema derecha, Idoia Ribas.
Ribas a urgido al Govern a acabar con lo que considera una discriminación de los castellanohablantes por la primacía oficial del catalán y ha subrayado que "alargar la desigualdad y los abusos no tiene justificación".
La diputada de Vox se ha expresado de esta forma en su defensa de una moción, aprobada con los votos de su grupo y los del PP, en la que, entre otras medidas, se insta al ejecutivo autonómico a modificar todas las normas "que supongan una imposición lingüística" de un idioma oficial respecto al otro.
La moción contempla también un llamamiento al ejecutivo para desarrollar la regulación que garantice "que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública".
A pesar de las advertencias de Ribas de que estas actuaciones deben llevarse a cabo "más pronto que tarde", Marga Durán, del PP, ha manifestado que "corresponderá al Govern, en su momento, ver cómo se podrá dar cumplimiento" al acuerdo con Vox.
"Quien dice como se hará será el Govern", ha recalcado Durán, quien ha negado que la posibilidad de elegir lengua principal en la enseñanza en todas las etapas educativas, también pactada con Vox, vaya a traducirse en "segregación en los centros".
Carles Bona, en nombre del PSOE, ha pedido "responsabilidad" al PP, quien a su juicio da alas a unos socios de extrema derecha que pretenden "deslegitimar y desprestigiar la lengua catalana".
La diputada de Més per Mallorca Maria Ramon ha atribuido a Vox el propósito de lograr el "exterminio" del catalán y el representante de Més per Menorca Josep Castells ha instado al PP a no ser "cómplice" de la "obsesión" contra la lengua propia del partido derechista.
