Santa Eulària multa con 1,3 millones de euros al dueño de una vivienda antigua en Ca na Palava por reformarla íntegramente sin licencia
La propiedad ha incumplido las obras de paralización decretadas por el Ayuntamiento
Imagen de las obras efectuadas / Ayuntamiento Santa Eulària
Ibiza
El Ayuntamiento de Santa Eulària ha impuesto una multa de 1,3 millones de euros al dueño de una casa ubicada en las inmediaciones del Polígono de Ca Na Palava por acometer una reforma integral sin licencia municipal. Además, la propiedad incumplió con las órdenes de paralización de los trabajos decretadas por el Consistorio.
La obra ejecutada ha sido la renovación de la cubierta así como cambio de uso de garaje a sala de instalaciones. También la reforma y ampliación de un anexo a la vivienda principal. Todo esto con una agravante extra, porque la casa fue construida antes de 1956 y, por tanto, está sujeta a protección patrimonial lo que ha aumentado la sanción
El gobierno local ha abierto tres expedientes de infracción, una muy grave y dos graves, de la normativa urbanística, Además de la multa impuesta, también se ha ordenado la restitución a su estado anterior de los elementos modificados.
Según explican desde el Consistorio, la propiedad había solicitado diferentes autorizaciones, para la ejecución de pequeñas actuaciones de escasa cuantía y técnica sencilla en el inmueble. Las diferentes inspecciones de los Servicios Técnicos Municipales permitieron comprobar que los trabajos habían tenido una envergadura mucho mayor
Según los inspectores enviados, con la excusa de trabajos menores se había procedido a la reforma integral de la vivienda existente, con más de 400 metros cuadrados de superficie construida dividida en dos plantas. Además, se había procedido al cambio de uso de un garaje de 55 metros para reconvertirlo en una sala de instalaciones. Igualmente, se amplió ligeramente un anexo de manera que pasaba de tener un dormitorio con un baño a disponer también de una sala de estar con cocina. En su conjunto, el valor estimado de los trabajos realizados se cuantificó en más de 544.000 euros.
Los trabajos han supuesto diferentes infracciones, cada una de las cuales da lugar a un importe sancionador. El importe principal corresponde a las obras no permitidas en un edificio con protección patrimonial, a permite sancionar con entre un 200 y un 300% del valor de los trabajos (en este caso se ha optado por fijar un 250%), lo que supone 1.361.000 euros. A esto debe sumarse una infracción por el cambio de uso sin permiso del anexo, lo que supone una multa del 75% del valor de aquellos trabajos en concreto, por lo que se establece un montante de casi 17.500 euros más.
La decisión municipal, firme en el plano administrativo, da también dos meses de plazo para la reposición de la realidad física alterada. En caso de no hacerse, el Consistorio podría imponer hasta 12 multas coercitivas (que se sumarían a la cantidad que ya debe pagar) equivalentes al 10% del valor de las obras realizadas. Además, el Consistorio podría ejecutar directamente las obras y después repercutir su coste a la propiedad.
