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El Govern lleva a la fiscalía la compra de viviendas a Metrovacesa y suspende la operación

La consellera de Vivienda, Marta Vidal, sostiene que se trata de una operación deficitaria para el IBAVI y afirma que hay informes técnicos en contra

La consellera de Vivienda, Marta Vidal y el conseller de Hacienda, Antoni Costa

La consellera de Vivienda, Marta Vidal y el conseller de Hacienda, Antoni Costa

Palma

El Govern ha anunciado que llevará a la fiscalía el contrato de compra de 88 viviendas en Palma por casi treinta millones de euros realizado por el Ejecutivo de Armengol. Una operación que fue realizada por el Govern cuando se encontraba en funciones y que el nuevo equipo de Prohens ha tachado de ilegal. La consellera de Vivienda, Marta Vidal, afirma que la operación se ha revertido y que está negociando con la propietaria de las viviendas, Metrovacesa, el desistimiento de la denuncia del contencioso judicial.

Según ha explicado Vidal, el Govern de Armengol utilizó el derecho de tanteo y retracto recogido en la Ley de Vivienda para comprar por 25 millones de euros e incorporar al parque público 88 viviendas que la constructora Metrovacesa tenía en la zona de Nou Llevant. Vidal sostiene que se trata de una operación deficitaria para el Instituto Balear de Vivivenda porque el precio está un 40% por encima de la media de las compras del Ibavi, las viviendas tenían que adecuarse para pasar a ser públicas y se iba a pagar un IVA del 21% porque todavía no contaban con la licencia de primera ocupación. Según Vidal, la operación contaba con informes técnicos del Ibavi en contra y no contenía una memoria justificativa necesaria para aprobar asuntos cuando el Govern está en funciones.

La consellera ha señalado que el Ejecutivo de Armengol continuó insistiendo en la operación después de que la justicia suspendiera el procedimiento, tras una denuncia de Metrovacesa. El conseller de Hacienda, Antoni Costa, también ha señalado que se autorizó el traspaso de 17 millones de euros de Puertos a la Conselleria de Vivienda sin el visto bueno del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Vidal ha explicado que toda la documentación se enviará a la fiscalía por si se ha cometido algún tipo de delito.

 
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