Amenaza de desahucio para 12 familias que llevan años viviendo en un edificio en Santa Eulària

Ibiza

El sindicato de Inquilinas de Ibiza denuncia que 12 familias que residen en algunos casos desde hace décadas en un edificio en pleno centro de Santa Eulària serán desahuciadas próximamente. Un fondo de inversión alemán ha comprado todas las viviendas, 16 pisos en total, y ha notificado por escrito a los inquilinos que no les renovará el contrato y que deben salir de sus casas. En algunos casos, son personas que llevan 35 años viviendo en los pisos. La salida deberá hacerse efectiva en un plazo de entre cuatro meses y un año en función de los contratos de arrendamiento. Los primeros contratos vencen en octubre.

En la tarde del lunes organizaron un acto de protesta para tratar de evitar los desahucios. Los vecinos dicen que el nuevo propietario quiere hacer reformas y reducir la superficie de cada inmueble para sacar un mayor rendimiento económico. Ya se están haciendo obras en dos pisos que están vacíos, aunque actualmente están paralizadas y otros dos se han alquilado para esta temporada.

Una de las personas que teme quedarse en la calle es Marta Solans. Tiene claro que a día de hoy es poco menos que una misión imposible encontrar otro piso para alquilar en la isla porque los precios son prohibitivos. Lleva 13 años residiendo en esta finca "todos los días escuchas casos de personas que tienen que irse de Ibiza porque no pueden pagar los alquileres y tememos que esto también nos ocurrirá si no hay una solución. Solans afirma que lleva toda su vida en la isla " las familias que residimos en esta finca somos gente trabajadora, hay niños, personas mayores, en algunos casos enfermos, yo tengo una discapacidad".

Solans asegura que este fondo de inversión “va a saco” para comprar vivienda en Ibiza. "Primero fueron las villas, después los ‘beach club y ahora se dedica a la vivienda residencial para poder alquilarla turísticamente". Lamenta que la anterior propiedad no les avisara de la venta, porque según la ley tendrían que haber ofrecido a los inquilinos la posibilidad de comprar ese inmueble. Se les dijo que no era así porque se había vendido todo el bloque de manera conjunta, pero la realidad es que los pisos se han ido vendiendo de uno en uno. Las familias destacan que "ni servicios sociales ni el Ayuntamiento de Santa Eulalia nos ha brindado ninguna solución".

Amelia, otra de las afectadas señala que"a mí me quedan tres años para jubilarme, necesito cotizar. No me puedo ir de la isla y perder mi trabajo.”

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Culpan al Ayuntamiento de Santa Eulària

Desde el sindicato de inquilinas reconocen que lo que hace la nueva propiedad es estrictamente legal. Destacan que los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna, pero si viene un inversor con un fajo de billetes, siempre van a tenerlo todo en contra. En cualquier caso, destacan que van a luchar, vamos a hacer entender a este fondo que tiene una responsabilidad social y que no puede dejar familias en la calle”, dice Daniel, el portavoz del sindicato.

Según el sindicato, "la nula política de vivienda del ayuntamiento de Santa Eulària también tiene culpa de esta situación". Señalan que los consistorios tienen poder para evitar estos casos. La capacidad de crear zonas de tanteo y retracto y meterse en estas transacciones. "Sabiendo que un gran porcentaje de estas ventas se suele hacer con dinero negro, tienen la capacidad de expulsar a los fondos buitre y de aumentar el parque público de vivienda sin construir, a bajo coste". Además, recalcan que el Govern Balear, aplicando la ley de vivienda, permitiría sentarse a negociar en unas condiciones favorables para el inquilino, pero lamentan que la presidenta, Marga Prohens, haya comunicado que "no solo permitirá el desahucio, sino que además perdonará los impuestos al fondo buitre.”