El Consell de Ibiza notifica una multa de hasta 600.000 euros a Colisée sa Residencia y amenaza con el cierre si siguen las deficiencias

Ibiza

El Consell de Ibiza ha notificado a la empresa que gestiona Colisée sa Residencia la apertura de un expediente sancionador que puede ascender a 600.000 euros. Además, tendrá carácter coercitivo y si persisten las irregularidades que se han detectado en las dos inspecciones hechas por la institución insular se puede llegar a la suspensión cautelar de actividad y al cierre definitivo de las instalaciones.

Es lo que ha dicho la consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell, en el pleno celebrado este viernes y en el que se ha aprobado por unanimidad una moción del grupo socialista en la que se vuelve a instar al Consell a velar por el cumplimiento de la normativa autonómica en Colisée que regula el funcionamiento de las residencias y para que se garantice una atención adecuada y de calidad a los internos. Escandell ha iniciado su intervención pidiendo disculpas a los familiares por algunas manifestaciones que hizo en las que aludía a su carga emocional para justificar las críticas que hacían a la administración. Un grupo de familiares de internos han asistido a la sesión plenaria.

Tanto el conseller del PSOE, Víctor Torres, como el de Unidas Podemos, Antonio Saucedo, han pedido la dimisión de Escandell por lo que consideran "nefasta gestión" desde que hace medio año las familias de internos denunciaron públicamente un cúmulo de negligencias. Insisten en que las competencias para inspeccionar y sancionar están en manos del Consell.

Torres que ha dicho que Escandell "no puede estar un día más en el cargo", considera "inadmisible la inacción del gobierno insular". Destaca que de los 48 contratos de trabajo en Colisée, 20 son temporales y lo que es más grave, "26 empleados no han podido acreditar su titulación". Recalca que sigue sin ofrecerse servicio de terapia ocupacional.

Por su parte Saucedo afirma que las familias llevan medio año pidiendo auxilio y "no parece que las cosas vayan a cambiar". Habla de tomadura de pelo a la oposición por la falta de información sobre los resultados de las inspecciones. Insiste en reclamar responsabilidades políticas "ante un problema muy grave" y denuncia "una gestión alarmante". Señala que es inexplicable que no se haya hecho nada 30 días después de confirmarse públicamente que hay personal sin titulación en la residencia.

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Frente a las críticas La consellera afirma que se ha actuado "con contundencia". Sobre los plazos para hacer efectiva la sanción que abarca una horquilla de 60.000 a 600.000 euros, dice que el proceso debe ser "garantista." De hecho, ahora la empresa tiene 15 días para presentar alegaciones, pero ya se ha nombrado a la instructora del expediente que tendrá que resolver.

Escandell explica que no han estado de brazos cruzados, aunque reconoce que queda trabajo por hacer y que hay "dificultades" en la isla para encontrar el personal con la titulación necesaria. Ha valorado de forma positiva la colaboración con el Govern y los avances que se han producido en el ámbito sanitario.

Por su parte la consellera no adscrita, Marta Díaz, ha insistido en que la responsabilidad de lo que pasa en Colisée es del Govern y limita el margen de acción del Consell Insular.