Los promotores descartan la posibilidad de construir vivienda asequible antes de tres años
Reclaman a los poderes públicos consenso en esta materia, con una línea estratégica clara para tratar de dar solución a un problema que consideran "estructural"
Bloques de pisos / EUROPA PRESS - Archivo (EUROPA PRESS)
Palma
Los promotores de Baleares descartan que se puede construir vivienda asequible antes de los próximos tres años. Varapalo de los promotores a las administraciones públicas y los partidos políticos de las islas, a los que reclaman consenso en esta materia, con una línea estratégica clara para tratar de dar solución a un problema que consideran, es estructural. Creen que el balance del sector es negativo y que la situación hace muy difícil poner en el mercado vivienda para las clases medias y bajas.
El presidente de los promotores, Luis Martín, afirma que existe suelo urbano para construir pero lleva más de 15 años pendiente de desarrollo. A ello se suma, por ejemplo, que dos de los municipios más grandes de las islas como son Palma y Calvià mantienen los Planes Generales de Ordenación Urbana en proceso de aprobación, algo que aún dilata más la posibilidad de construir. A pesar de que hace un año se ajustaron los precios de los módulos que se pagan para construir vivienda de protección oficial, ponen el foco en otros los problemas con la tramitación de las licencias y la falta de ayudas a los compradores como agravantes de la situación. Por eso, Martín dice que si trataran de poner vivienda pública en el mercado, como poco tardarían tres años en tenerlas dispuestas.
El largo peregrinaje hasta obtener una licencia para construir es uno de los temas que les preocupan. Mientras que la ley establece un periodo máximo de tres meses para otorgarla, la media en Baleares está actualmente en dos años. Considera Martín que los continuos cambios normativos crean una inseguridad jurírica que provoca que su tramitación sea mucho más dilatada.
Los promotores también destacan que el Govern ingresó el año pasado más de 800 millones de euros por el impuesto de transmisiones patrimoniales y que apenas un 10% de ese dinero se ha retornado a políticas públicas de vivienda. Por eso, reclaman medidas contundentes y una estrategia a medio y largo plazo para revertir la situación.
