El juez y el fiscal que investigaron a Cursach se defienden cargando contra la cúpula fiscal y policial
La fiscalía pide más de cien años de cárcel para cada uno por presuntos delitos de revelación de secretos, detención ilegal, obstrucción a la justicia y prevaricación judicial.
El juez Manuel Penalva (centro) y el fiscal Miguel Ángel Subirán ( / Isaac Buj (EUROPA PRESS)
Palma
El juez y el fiscal que investigaron el caso Cursach se defienden cargando contra la cúpula de la fiscalía y de la Policía Nacional de Baleares. El exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán han registrado su escrito de defensa para oponerse a ser juzgados por presuntos delitos de revelación de secretos, detención ilegal, obstrucción a la justicia y prevaricación judicial. La fiscalía solicita para ambos penas que superan los cien años de prisión.
En un escrito de defensa conjunto anuncian que reclamarán la recusación del fiscal que les ha sentado en el banquillo, Tomás Herranz, al considerar que ha perdido la obligación de ser imparcial. Acusan al fiscal de tener comportamiento idénticos a los que reprocha a los acusados y por los que reclama años de prisión. Se ha permitido una barbaridad, dicen, una instrucción completamente prospectiva al estilo Netflix, por temporadas y en paralelo a la instrucción judicial.
Ambos acusados basan su defensa en que los mensajes de un grupo de whatsapp de los investigadores que dieron pie a la apertura del caso fueron obtenidos de forma ilegal tras decomisar los teléfonos móviles de dos periodistas. La instrucción, señalan, está sustentada en actuaciones nulas de pleno derecho por vulneración de derechos fundamentales. Y recuerdan que tanto el Tribunal Superior de Baleares como el Constitucional han fallado respaldando esa nulidad. Tanto Penalva como Subirán consideran incomprensible que la fiscalía no haya solicitado la expulsión de la causa de las intervenciones que han sido declaradas ilegales.
Buena parte del escrito también carga contra el trabajo la cúpula policial de Baleares. Consideran que la investigación la han realizado personas sin competencia para ello. Sostienen que los policías se han atribuido y asumido la instrucción en contra de la propia normativa y desarrollándose en paralelo a la propia instrucción judicial. Se rechazan varios informes, dicen, al acreditarse que estaban basados en hechos inciertos y en instrucciones sesgadas en las que no se toma declaración a las personas.
Ambos solicitan la declaración de más de un centenar de testigos, entre ellos varios miembros de la cúpula fiscal y policial. También de numerosos periodistas. En el escrito, anuncian que reclamarán en un escrito la recusación del fiscal Tomás Herranz. Ahora, será el Tribunal Superior el que tenga que fijar una fecha para el juicio.
