Ordenan demoler una vivienda ilegal de 235 m² en el municipio ibicenco de Sant Josep
Se encuentra en la finca denominada Villa Rocío, cuya propiedad coincide con la de Casa Lola, el complejo turístico ilegal derribado el año pasado
Imagen de archivo de derribo de Casa Lola
Ibiza
El Consell de Ibiza ha ordenado la demolición de una vivienda ilegal de planta nueva de 235 m² de superficie ubicada en suelo rústico protegido Área de Protección Territorial de Costa, en el municipio de Sant Josep, ha informado la institución insular este jueves en una nota.
La vivienda se encuentra en la finca denominada Villa Rocío, cuya propiedad coincide con la de Casa Lola, el complejo turístico ilegal derribado el año pasado, así como con la propiedad de Casa Paola, sobre la que pesa también una orden de demolición. Todas estas viviendas están ubicadas en el municipio de Sant Josep.
Los hechos se remontan a finales del 2021, cuando el departamento de Gestión del Territorio del Consell de Ibiza detectó que se estaban ejecutando unas obras consistentes en la construcción de una nueva vivienda sin disponer de licencia urbanística. A partir de ahí, se ordenó la “paralización inmediata” de las obras, así como incoar el correspondiente expediente de disciplina urbanística. Aun así, la propiedad incumplió la orden y prosiguió con las obras, hecho por el que se enfrenta a multas que suman un total de 116.288,23 euros.
Además, la administración insular ha remitido todas las actuaciones a la Fiscalía por si fueran constitutivas de delito. Resuelto el procedimiento de restauración, la promotora ha presentado "voluntariamente" un proyecto de demolición, aprobado “favorablemente” por la administración insular.
Ahora, el Ayuntamiento de Sant Josep tiene un mes para comprobar que el proyecto cuenta con toda la documentación necesaria y, agotado este plazo, la promotora contará con cuatro meses para ejecutar la demolición.
Por otro lado, el Consell de Ibiza ha recordado que durante el año 2021 se han abierto un total de 26 procedimientos contra infracciones urbanísticas en suelo rústico. De estos expedientes se han tramitado 4.412.000 euros en procedimientos sancionadores. En cuanto a medidas cautelares, como paralizaciones de obras y precintos, en 2021 sumaron 16, mientras que las investigaciones en disciplina urbanística lograron llegar a los 76 casos al 2021.
Estos datos suponen, según el conseller de Gestión del Territorio, Mariano Juan, que los expedientes de disciplina urbanística se han “multiplicado exponencialmente” durante los últimos años. Así, en 2020 se abrieron 20 procedimientos y siete en 2019. Por otro lado, a lo largo de esta legislatura el departamento de Gestión del Territorio ha demolido cinco construcciones ilegales, de las que una es una vivienda ubicada en Cala d’Hort, otra en Santa Agnès, dos construcciones tipo yurta en ANEI y una instalación en costa. Asimismo, se ha remitido a Fiscalía un total de seis denuncias por delitos contra la ordenación del territorio en suelo protegido.
