Sant Josep constata una reducción de las quejas vecinales por el ruido de las fiestas privadas en villas turísticas
En lo que va de año, se han recibido un total de 1.138 quejas por ruido, 714 menos que las registradas el año pasado y 50 menos que en 2019
Imagen de archivo del cuartelillo de la Guardia Civil en Playa d'en Bossa / Cadena SER
Ibiza
El Ayuntamiento de Sant Josep constata una reducción de las quejas vecinales por ruido en fiestas privadas en viviendas turísticas del municipio. La concejal de Gobernación, Pilar Ribas, hace un balance positivo en lo que tiene que ver con la convivencia entre residentes y turistas. Explica que, en lo que va de año, se han recibido un total de 1.138 quejas por ruido, 714 menos que las registradas el año pasado y 50 menos que en 2019, año previo a la pandemia.
La mayoría de las quejas, 762, han sido por ruido en viviendas pero, según ha explicado, Ribas, son un 47% menos que el año pasado. A día de hoy las denuncias por ruidos en viviendas son el 67% de las que se presentan, pero en 2021 suponían el 77,1% del total.
De estas quejas se han derivado 110 denuncias por alteración de la convivencia, o lo que es lo mismo, una de cada siete quejas recibidas ha derivado en una sanción.
En cuanto a las actuaciones contra establecimientos de ocio, estas han ascendido a 273 en lo que va de año, el 24% del total. En este caso ha habido un incremento del 8% comparando con el pasado año, cuando se recibieron 250 quejas de negocios, pero con un descenso del 4% en la comparativa con 2019.
Como resultado de las inspecciones y quejas se han impuesto 86 denuncias por infracciones en materia de ruidos y actividades. Las infracciones más habituales son la alteración del limitador acústico que están obligados a instalar los negocios con actividad musical, pero también se ha detectado la ausencia de este aparato en establecimientos que deberían tenerlo. También se han derivado 35 precintos cautelares del equipo de música por las irregularidades detectadas. En estos casos se sanciona con multas de 600 euros a 300.000 en los casos más graves.
