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La Cámara de Comercio de las Pitiusas denuncia que la reforma de costas afecta a múltiples negocios y terrenos privados que nunca han estado protegidos

Advierte de que se dificultan las nuevas concesiones en el litoral con los cambios aprobados por el Gobierno

La Cámara de Comercio de las Pitiusas denuncia que la reforma de costas afecta a múltiples negocios y  terrenos privados que nunca han estado protegidos

La Cámara de Comercio de las Pitiusas denuncia que la reforma de costas afecta a múltiples negocios y terrenos privados que nunca han estado protegidos

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Ibiza

La Cámara de Comercio de las Pitiusas alerta del impacto y la “enorme incidencia” que tendrá la reforma de la legislación de costa aprobada por el Gobierno sobre las propiedades privadas y sobre el uso en general de las zonas cercanas a las costas, con evidente afectación sobre múltiples negocios.

Destaca la secretaria de la Cámara, Dolores Tur, que ha estado en el programa 'Hoy por Hoy para Ibiza y Formentera', que lo más relevante es que se hace una nueva definición de dominio público marítimo-terrestre, ya que considera como tal a todos los terrenos de dunas que no estén separados claramente de las costas.

Por ello, prevé que se puedan volver a deslindar los tramos ya deslindados para convertir en dominio público espacios que hasta ahora, según la Cámara, nunca lo habían sido. Los cambios tendrán adicional incidencia sobre muchos terrenos, que pasarán a ser de protección (hasta 100 metros hacia el interior a partir del dominio público) o de influencia (500 metros), con las limitaciones o prohibiciones que ello implica.

Dificultará las nuevas concesiones

Asegura también que la reforma dificulta, si no impide, las concesiones/justiprecio que contempló la Ley de 1988 (que, por lo demás, la Administración siempre se ha resistido a otorgar y que casi nunca se ha otorgado). Y se hace más difícil otorgar concesiones, además de acortarse la duración de mismas. Su tiempo máximo será de setenta y cinco años solo en casos muy singulares, cincuenta años si se trata de instalaciones de servicio público (bares y restaurantes) y treinta años en general. Y se sumará a tal efecto el tiempo de duración ordinaria de la concesión y el de sus eventuales prórrogas.

Para otorgar concesiones o prórrogas se deberá acreditar que no cabe otra ubicación de la actividad pretendida, y la Administración tendrá además en cuenta su interés para el dominio público marítimo-terrestre y sus usuarios, los impactos en ecosistemas, la biodiversidad, la hidromorfología, la dinámica litoral y la presión existente en el tramo de costa.

Por otra parte, se deberán respetar los planes de ordenación de recursos naturales y de ordenación del litoral, normalmente más limitadores.

La Cámara ha organizado un acto para abordar todas estas cuestiones desde una perspectiva jurídica que tendrá lugar en el Centro Cultural de Jesús el próximo 4 de Octubre a las 19.00 horas.

 
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