El caso Peaje se salda con penas mínimas y sin cárcel 13 años después
Cuatro personas han sido condenadas, tres absueltas por prescripción y seis absueltas tras retirarse los cargos por el caso que ha juzgado el desvío de fondos durante la construcción del desdoblamiento de la carretera de Manacor
Palma
Punto final al último caso de corrupción que afectaba a Unió Mallorquina y que estaba todavía pendiente de juzgar. Los acusados por el caso Peaje, que juzgaba el sobrecoste y desvío de dinero público en las obras de construcción de la autovía de Manacor, han alcanzado un acuerdo de conformidad con la fiscalía poco antes de que arrancase el juicio. Trece años después de que se destapara, el asunto se ha saldado con penas mínimas de cárcel y la absolución de varios miembros de la entonces cúpula del departamento de Carreteras del Consell de Mallorca.
El caso arrancó en 2009 con una investigación iniciada por la fiscalía contra varios mandatarios de Unió Mallorquina, acusados de desviar parte del dinero público de la institución a obras privadas de empresarios que lo facturaban como parte de las obras de ampliación de la carretera. En aquel momento el Consell de Mallorca estaba gobernado por Unió Mallorquina en alianza con el PP. La fiscalía sostenía que el sobrecoste por estas prácticas superó los 41 millones de euros.
En el acuerdo, los acusados reconocen que aprovecharon sus cargos en el Consell para planificar y aceptar sobornos mediante trabajos en sus domicilios particulares o de sus allegados que luego eran facturados a la UTE encargada de construir la carretera. Así, la UTE podía simular que eran costes derivados de la obra y podía repercutir los gastos al Consell de Mallorca.
Los acusados admiten que realizaron obras de carpintería, fontanería, electricidad y jardinería en sus viviendas particulares por elevados importes. Uno de los empresarios de un restaurante de la carretera, por ejemplo, realizó servicios de restauración y comidas, incluida la comunión del hijo del vigilante de la obra con más de 500 invitados. Omitió el cobro de esas comidas a cambio del asfaltado del parking.
El acuerdo implica también un nuevo contrato de explotación para la carretera de Manacor entre la concesionaria y el Consell de Mallorca. La empresa y la institución insular llevaban años enfrascados en demandas judiciales a cuenta de la explotación de la carretera y el acuerdo permite ahora que la empresa retire las demandas a cambio de una compensación de cantidades.
Entre quienes se han sentado este en el banquillo figuran el entonces conseller insular de Carreteras de la formación regionalista, Antoni Pascual, el director insular de este departamento, Gonzalo Aguiar y el director de obra del proyecto, Francisco Orejudo. También los propietarios de importantes empresas de construcción de las islas y de algunos locales de restauración. De los 13 acusados han resultado condenadas cuatro personas, que no cumplirán penas de prisión.
El juicio ha arrancado esta mañana en los juzgados de Sa Gerreria con la constitución de un jurado popular. Sin embargo, nada más empezar la sesión el fiscal anticorrupción, Juan Carrau, ha informado de que se había alcanzado un acuerdo de conformidad con los acusados. Los trece acusados se sentaban en el banquillo imputados por delitos de cohecho, fraude a la administración y malversación entre otros.
El acuerdo suscrito entre las partes implica penas mínimas para los acusados, que no tendrán que entrar en la cárcel ya que las penas son inferiores a los dos años. Inicialmente, la fiscalía reclamaba más de 150 años de cárcel para los trece acusados. El exconseller de Carreteras, Antoni Pascual, ha sido absuelto junto a otros empresarios cuando el ministerio público reclamaba inicialmente para él 13 años de cárcel.
Otros tres propietarios de empresas acusados de realizar obras con el dinero público del Consell han sido absueltos por la prescripción de los hechos, que ocurrieron hace 18 años. Cuatro de los investigados, como el exdirector de Carreteras, Gonzalo Aguiar, han aceptado penas de entre uno y dos años de prisión por delitos de cohecho y fraude. Además, tendrán que abonar penas de multa. Una rebaja significativa ya que inicialmente se reclamaban penas de hasta 16 años de prisión. Este era el momento en el que el expolítico aceptaba las penas ante la presidenta del tribunal.
La sentencia ha sido dictada in voce por la presidenta del tribunal. Con el acuerdo se pone punto final a las causas que dirigentes de la extinta Unió Mallorquina tenían pendientes con la justicia.
