Asturias solicita la declaración de 'zona catastrófica' tras los incendios registrados entre marzo y abril

Asturias

El Gobierno de Asturias ha solicitado al Consejo de Ministros la declaración de la comunidad como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil –lo que antes se denominaba zona catastrófica-, como consecuencia de los 278 incendios forestales registrados desde el 29 de marzo al 9 de abril. Los fuegos afectaron a 51 concejos y 32.000 hectáreas: 12.000 arboladas, 18.000 de matorral, 500 de pastizal y 1.500 dedicadas a otros usos. La aprobación de la declaración por parte del Ejecutivo central permitiría acceder a diferentes líneas de ayudas.

El Principado sostiene que los perjuicios causados por la oleada de incendios justifican sobradamente la solicitud. Así, detalla que se produjeron daños de gran consideración en masas arboladas de regeneración natural y repoblación forestal, tanto en terrenos de utilidad pública como en montes vecinales en mano común y privados. El fuego, añaden, también arrasó zonas de matorral, pastizal y cultivo de modo que provocó graves pérdidas en pastos, madera, reservas y cotos de caza, en la cosecha de castañas y setas, y en la producción ganadera y de miel.

Las consecuencias de los incendios también se hicieron notar en infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios, con serias perturbaciones para la vida de la población: hubo cortes de carreteras, desprendimientos, caída de tendidos eléctricos y de telecomunicaciones e interrupciones del suministro de agua, entre otros problemas. Todo ese catálogo de daños, cuya valoración aún no ha sido concluida, motiva la solicitud del Ejecutivo autonómico. Además de esta petición el Ejecutivo asturiano avanza en medidas como:

• Ayudas a la reforestación dando luz verde al expediente que permitirá convocar las ayudas de reforestación para empresas y particulares. En concreto, se habilitará un crédito de cuatro millones ampliable hasta 5,5. En una próxima reunión del Ejecutivo se despacharán también las subvenciones previstas para los ayuntamientos. En este caso, 700.000 euros que se pueden incrementar hasta un millón. Además, también se contará con financiación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Su aportación permitirá subvencionar el 100% de la reforestación de cada hectárea arbolada quemada.
• Restauración de parcelas y retirada de material calcinado. La Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial publicará próximamente una resolución que posibilitará la restauración de las parcelas calcinadas mediante la reforestación inmediata. Así, los trabajos se podrán llevar a cabo este año dentro de los ciclos establecidos para plantar y los terrenos y la actividad se recuperarán cuanto antes.
• Organización de servicios públicos y personal. La Consejería de Presidencia trabaja en el refuerzo de las cuatro Brigadas de Investigación de Incendios Forestales (Bripas) que operan en Asturias con el fin de que estos equipos, compuestos ahora por un bombero investigador y dos agentes forestales, pasen a estar formados por tres investigadores. Medio Rural también avanza en la creación del futuro Cuerpo de Agentes Medioambientales. La Ley de Empleo Público posibilita la constitución de un contingente que tendrá la consideración de policía administrativa especial y judicial lo que conformará un cuerpo con capacidad plena para la custodia del territorio con la condición de agentes de autoridad. Además, se mejorarán notablemente las condiciones laborales y se abrirá la posibilidad de acceso a plazas de técnico superior: será el único cuerpo en España con esa capacidad de promoción.
• Evaluación de daños, compensaciones y prevención. El Principado trabaja de manera coordinada con la Federación de Concejos (FACC) y los ayuntamientos afectados para completar la evaluación de daños, tanto en infraestructuras e instalaciones públicas como privadas, en los próximos días. Se habilitarán ayudas a municipios y propietarios por pérdidas patrimoniales y otros perjuicios. Estas subvenciones serán directas y se tramitarán por la vía de urgencia, una vez determinados los efectos del fuego. También se pondrán en marcha compensaciones para afrontar las pérdidas forestales que oscilarán entre 500 y 1.200 euros por hectárea. Respecto a las iniciativas de prevención, en mayo se activará el nuevo fondo recogido en los presupuestos de este año, que suma 4,5 millones.
• Normativa. El plan de choque también conllevará cambios en la regulación actual, que incidirán tanto sobre la vigilancia como en la prevención y extinción de incendios. Estas modificaciones incluirán la reforma de la Ley de Montes, que pasará a llamarse Ley de Montes y Prevención de Incendios Forestales. Será la primera iniciativa del próximo mandato. Para abordarla, se constituirá próximamente un comité técnico a partir del Consejo Forestal. Además se elaborará una nueva resolución de prevención de incendios. Este texto concederá especial atención al terreno cercano a las poblaciones (el interfaz urbano-forestal), donde existen más riesgos para las vidas, las casas y las propiedades. También se adecuará el Plan Forestal y se buscará el impulso de políticas de autoprotección de los pueblos.