El acuerdo sobre inmigración con Junts "rompe la unidad de criterio" y creará "desigualdades entre autonomías", según una experta de Derecho Constitucional
Es la reflexión de Eva Saez, profesora de la Universidad de Zaragoza, que ha pasado por los micrófonos de La Rebotica, en Radio Zaragoza
Eva Sáez, experta en Derecho Constitucional, sobre el acuerdo sobre inmigración PSOE y Junts - La Rebotica (06/03/2025)
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Zaragoza
La "clave" del acuerdo para la delegación de competencias en inmigración entre PSOE y Junts a la Generalitat de Cataluña es si estas materias de la Carta Magna son "delegables". Para la experta en Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza, Eva Sáez, no lo son, porque rompería una política, la de extranjería, muy vinculada a la soberanía del Estado. Aragón, además, es tierra de frontera, con múltiples relaciones familiares, económicas y sociales con Cataluña.
Si se aprobara esta ley orgánica, supondría una "desigualdad" con el resto de comunidades autónomas, pero además, es difícil de encajar en el ordenamiento constitucional. "Es básicamente quién va a dar por los permisos de residencia, quién va a expulsar a los inmigrantes y el control de fronteras; casi nada", señalaba Sáez en los micrófonos de La Rebotica, en Radio Zaragoza. "La Constitución Española prevé que esta competencia es exclusiva del Estado; lo que pasa es que también otro artículo prevé la posibilidad de que el Estado delegue la gestión de competencias exclusivas suyas" pero "hay un límite y esa es la clave: puede delegar siempre que esas competencias, por su naturaleza, sean delegables".
Para Sáez, esta competencia estatal no se puede delegar "puesto que la gestión descentralizada de la política de extranjería rompería la unidad de criterio, es decir, que Cataluña podría expulsar inmigrantes que serían acogidos desde otra comunidad autónoma o que podría negar permisos de residencia que se darían en otras comunidades autónomas, y se rompería la unidad de criterio".
Y, además, sería un acuerdo difícil de revertir, que traería consecuencias: "Tiene efectos políticos, que son especialmente graves" porque, "por una parte, es un paso más en la desaparición de la Administración General del Estado en Cataluña, ya que la proposición del ley prevé que sea la administración de Cataluña la que expida en exclusividad las tarjetas identificativas a los extranjeros y esto, lejos de reducir el independentismo, me parece que puede generar más". Asimismo, recuerda que es un pacto con Junts, "un partido político que es contrario a la inmigración, porque considera que atenta a su cultura y las intenciones de Junts son claras: aplicar y gestionar la política para hacerlo de manera más restrictiva".
El Gobierno de Aragón rechaza frontalmente este acuerdo, y propone que se aborde en la próxima sectorial prevista para el 17 de marzo.
