¿Y si no pudieras salir de casa por las barreras arquitectónicas?
El gobierno de España prepara una ley para garantizar la accesibilidad universal. Preguntamos a los expertos cómo se hará realidad en edificios y comunidades de vecinos
Anteproyecto de Ley de Discapacidad
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Zaragoza
El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente el anteproyecto de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, así como la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Una de las medidas más destacadas ha sido la obligatoriedad de realizar obras de accesibilidad en edificios donde residan personas con discapacidad. Esta decisión ha generado un intenso debate, ya que, aunque se ha planteado como un avance en la igualdad de derechos, su viabilidad económica ha despertado dudas tanto en administradores de fincas como en asociaciones de personas con discapacidad.
El abogado José Pardo, de la Fundación DEFA, ha señalado que la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal ha buscado facilitar la realización de estas obras, permitiendo su financiación en plazos más largos. Sin embargo, ha advertido que la principal barrera sigue siendo económica, sobre todo en edificios antiguos con pocos vecinos y recursos limitados. Además, ha mencionado que muchas de las ayudas prometidas por el Gobierno aún no se han concretado, lo que ha generado incertidumbre sobre cómo se implementará realmente la norma.
Por su parte, Antonio Calvo, del Colegio de Administradores de Fincas, ha reconocido que la demanda de ascensores y otras soluciones de accesibilidad ha aumentado, pero la falta de financiación ha dificultado su ejecución en muchas comunidades. Según él, la nueva normativa podría facilitar los acuerdos entre vecinos al distribuir los pagos en varios años, aunque ha advertido que esto no siempre será suficiente. En muchos casos, ha recordado que el coste de instalar un ascensor o eliminar barreras arquitectónicas sigue siendo prohibitivo para algunos propietarios.
Otro punto clave del anteproyecto ha sido el impulso a la teleasistencia como alternativa a las residencias. Gustavo García, coordinador en Aragón de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, ha expresado su escepticismo sobre la efectividad de esta medida. Ha explicado que, si bien la teleasistencia puede ayudar a personas con dependencia moderada, no es suficiente para quienes necesitan cuidados continuos. Además, ha denunciado que, a pesar de las promesas del Gobierno en 2021, solo el 42% de los dependientes han recibido este servicio hasta ahora.
El debate sobre la accesibilidad y la autonomía personal ha puesto de manifiesto la necesidad de combinar cambios legislativos con recursos económicos reales. Mientras el Gobierno ha defendido su propuesta como un paso hacia una sociedad más inclusiva, expertos y afectados han coincidido en que, sin una financiación adecuada, muchas de estas medidas podrían quedarse en meros derechos sobre el papel.
