Condenan al Salud a indemnizar a un hombre que fue desahuciado y se salvó en la sanidad privada
La DGA ha sido condenado a pagar 54.595 euros a un hombre de 68 años que sufría una grave enfermedad cardíaca
Hospital Miguel Servet / GOBIERNO DE ARAGON
Zaragoza
El Gobierno de Aragón ha sido condenado a pagar 54.595 euros a un hombre de 68 años que sufría una grave enfermedad cardíaca y que fue desahuciado en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, aunque después fue intervenido con éxito en la Clínica Universitaria de Navarra y salvó la vida.
El hombre, según explica el abogado Ricardo Agóiz, de la asociación 'El Defensor del Paciente', sufría una grave enfermedad cardíaca desde octubre de 2020 con seguimiento en el Servicio Aragonés de Salud, pero en febrero de 2021, tras haber sufrido la covid-19, presentó un empeoramiento en su estado.
El servicio de cardiología del Miguel Servet, según consta en la sentencia como hechos probados, consideró inaceptable el riesgo quirúrgico de intervenir al paciente y le explicaron a su esposa que no se contemplaría ninguna medida invasiva, aunque se precisara, por no haber una "solución quirúrgica inmediata".
La familia, ante esta información, solicitó una valoración en la unidad de cirugía cardíaca de la Clínica Universitaria de Navarra, que aceptó el traslado, que los familiares ejecutaron "previa información del elevado coste" y el alto riesgo de la operación y de la posterior evolución.
El hombre fue trasladado el 1 de marzo de 2021 a Pamplona, donde se le intervino. Recibió el alta el 15 de marzo en condiciones estables y en proceso de recuperación con evolución satisfactoria.
Los gastos de la asistencia sanitaria entre el 1 y el 15 de marzo y de la ambulancia que lo trasladó ascendieron a 54.595 euros, mientras que la familia gastó 1.055 euros por el coste de un apartamento para alojarse, importe que se reclamó al Gobierno de Aragón en concepto de responsabilidad patrimonial.
En su sentencia, la magistrada del juzgado de lo social número 5 de Zaragoza, Diana Soriano, recalca que el demandante tuvo que ser intervenido en un centro privado "tras ser desahuciado en la sanidad pública".
La jueza concluye que el hombre estaba en una "clara situación de riesgo vital y de urgencia necesaria" y estima que no se le puede imputar el abandono voluntario de la asistencia sanitaria que había alegado el Gobierno de Aragón para desestimar la primera petición administrativa que hizo el paciente para el reintegro de los gastos médicos.
El Ejecutivo autonómico insistió en su desestimanción de la solicitud en el hecho de que el tratamiento que recibió el hombre en Pamplona no tenía la consideración de urgencia vital.
Por todo ello, la jueza condena al pago de 54.595 euros por los gastos médicos y el traslado, pero rechaza el abono del coste del apartamento en el que se alojó la familia.
El abogado Ricardo Agóiz ha instado, por su parte, al Gobierno de Aragón a revisar sus protocolos para evitar que "nadie más dependa de su situación económica para realizar una operación que le salve la vida".
