El Observatorio LGTBI de Aragón muestra su preocupación por las políticas que plantea el Gobierno autonómico

Huesca

Durante estos días se han desarrollado diversos actos en todo Aragón de lucha contra la LGTBIfobia insistiendo en la importancia de la educación y la formación de los jóvenes. Unas agresiones, las que sufre este colectivo, que lejos de reducirse en algunos puntos crecen debido a los discursos de odio que especialmente la ultraderecha lanza desde las instituciones.

El Observatorio Privado de Evaluación de las Políticas Públicas LGTBI de Aragón lamentaba que los avances que en su día se consiguieron en zonas como las nuestras ahora se vean claramente amenazados por el gobierno que preside Jorge Azcón.

Lorenzo González, director del observatorio, indicaba que “vemos con preocupación cómo las leyes aragonesas trans y LGTBI que aprobaron las Cortes de Aragón en 2018 por unanimidad de las fuerzas políticas presentes en la cámara (PSOE, PP, Podemos, Chunta Aragonesista, Ciudadanos, Izquierda Unida y Partido Aragonés) actualmente no cuentan con garantías de mantenerse”.

Según el Observatorio, tres son los indicios claros de que la comunidad LGTBI aragonesa debe estar alerta. El primero de ellos se fundamenta en las declaraciones en sede parlamentaria del presidente Azcón en las que afirmó que el Gobierno de Aragón tiene la intención de modificar la ley trans aragonesa en todo cuanto tiene que ver con los protocolos clínicos para personas trans.

El segundo que la comunidad LGTBI aragonesa debe estar alerta es la aprobación de la Proposición no de Ley relativa a la libertad de educación, presentada por Susana Gaspar (PP) y Fermín Civiac (Vox) el mes pasado y que salió adelante con los únicos votos a favor de esos grupos y el posicionamiento en contra del resto de los grupos parlamentarios que integran la Comisión de Educación, Ciencia y Universidades de las Cortes, en la que se aboga por implantar el pin parental en Aragón. Todo esto, a la par que el tripartitito PP- Vox- Par no está haciendo movimientos para diseñar y desarrollar el Plan integral sobre educación y diversidad LGTBI al que obligan las leyes aragonesas.

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Por último, un tercer indicio de posible volatibilidad de las políticas LGTBI en Aragón es que no existe una hoja de ruta, una estrategia o un plan de acción claro que estipule cómo implementar la normativa propia. Y, es que, la Comunidad de Madrid, adalid de las políticas neoliberales y conservadoras en el estado español, comenzó operando de esta manera desde los gobiernos de Cristina Cifuentes para, en 2023, reformar y recortar sus propias leyes trans y LGTBI con el Gobierno de Díaz Ayuso, siendo la primera y única región que, a diferencia de la tendencia generalizada, da pasos hacia atrás.