Aragón destina más presupuesto para exhumaciones y España lo duda

Zaragoza

El Gobierno de Aragón se quiere reunir con las asociaciones memorialistas para presentarles las ayudas para las exhumaciones. Una reunión que esperan celebrar el próximo jueves. Sin embargo, la Delegación del Gobierno de España en Aragón lo ve "complicado" tras la derogación de la ley de Memoria, que contenía mapas y registros de la ubicación de las fosas.

La portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha señalado que la DGA cuenta con un presupuesto de 110.000 euros, un 10% más que el año anterior. Añade además que se quiere tener en cuenta a todas las víctimas.

"Nosotros no hacemos distinciones. Todos aquellos que fueron víctimas de la violencia ideológica tanto en la época de la República, la Guerra Civil y la Dictadura, todos ellos tienen derecho a recuperar a sus familiares y darles una digna sepultura", ha explicado.

La vicepresidenta explicaba que para llevar a cabo las exhumaciones, se van a apoyar en la documentación que ya existe. "Los trabajos que se van a realizar desde la dirección general de Patrimonio Cultural va a tener en cuenta un mapa de exhumaciones". Vaquero insiste en que estos mapas "son previos a la ley de Memoria democrática y previa al año 2018".

Delegación lo ve "complicado"

El delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, ve "complicado" el anuncio del Ejecutivo autonómico sin la ley de Memoria que recogía tanto la ubicación de las fosas como los registros.

Beltrán cree que tras la derogación de esta ley que suprimió "mapas, registros, identificación de lugares o el banco de ADN" será complicado realizar las exhumaciones. Acusa al Gobierno de Azcón de estar "secuestrado ideológicamente" por su vicepresidente.

"Al vicepresidente Nolasco han tratado de contentarlo con la derogación de una ley pero que por otro lado están tratando que, una vez hecho el trabajo de trilerismo con el vicepresidente, buscar la manera de recuperar todo lo de esa ley", añadía Beltrán.

E insiste en que esta ley no cumple con los derechos humanos y añade que "hay que ponerla en evidencia y manifiesto" ante las instituciones europeas y organizaciones internacionales.

Explica que "no hay que desviar el debate de si jurídicamente está bien escrita" sino que hay que poner de manifiesto que "se lleva por delante elementos tan serios como los derechos fundamentales".

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