Sociedad

"Una simple limpieza dental nos cuesta 3.500 euros": La denuncia de las familias con personas con discapacidad

AFADI denuncia que en Aragón no se ha ampliado la cartera de servicios para la atención bucodental de las personas con discapacidad psíquicas mayores de 14 años. El Gobierno de Aragón está a la espera de que el gobierno central lo publique en el BOE

Cristina Laquidain / Radio Jerez

Zaragoza

3.500 euros por una limpieza dental. Es el precio que tienen que asumir las familias de las personas discapacitadas para un mínimo tratamiento bucal, y de ahí en adelante. La Asociación de familiares de personas con discapacidad, AFADI denuncia que en Aragón no se ha puesto en marcha esta atención prevista y dotada por el Gobierno central. Por ello se ven obligados a recurrir a la sanidad privada.

María Jesús Buey de AFADI describe el alto coste que supone una simple intervención porque muchas personas con discapacidad "no colaboran". La única forma es acudir a un hospital privado, "San Juan de Dios te atiende, pero si se dejan y además sino tienen ningún otro tipo de patología, porque en el momento en el que tienen un tema de corazón u otra patología un poco sería ya no se atreven".

Muchos de ellos necesitan sedación y por tanto un quirófano. El precio se dispara para las familias.

Implantado en otras comunidades

Ha pasado un año, señalan, desde que el anterior gobierno con la consejera Sira Repollés firmara una adenda con el Hospital San Juan de Dios para ampliar la cartera de servicios a los adultos, allí se atiende a chicos hasta los 16 años.

En abril de 2019 se aprobó la ampliación de la cartera de servicios por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y en junio de 2022 y octubre de 2023 se traspasaron en total 112 millones de euros a las comunidades autónomas. En Aragón fueron 4 millones según Buey.

Desde la asociación dicen que "están teniendo mucha paciencia" y denuncian que "esto no puede ser así, que si hay un plan que se tiene que ejecutar porque no se está haciendo"

Limitar la prestación

La población para atender es "muy pequeña" y debe limitarse a las personas con mayor grado de discapacidad, defiende Buey. En comunidades como Navarra se atiende a quienes tienen el 75 % de discapacidad y en general, a grandes dependientes.

 
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