Nueva sentencia que obliga a eliminar de las calles los nombres de Pedro Sopena, Vicente Campo, José Gil Cávez y Emilio Miravé

Huesca

El Ayuntamiento de Huesca anunció el pasado viernes su intención de recurrir en casación la sentencia del TSJA, que ordena al Consistorio retirar los nombres de las calles de los alcaldes Mateo Estaún Llanas, José María Lacasa y Mariano Ponz. Pero prácticamente al mismo tiempo se ha conocido la sentencia condenatoria del magistrado David Sampedro, titular del Tribunal Contencionso-Administrativo de Huesca, contra el Ayuntamiento, anulando el acuerdo municipal del 29 de enero de 2021, por el que se rechazaba el cambio de denominación de varias vías que llevan nombres de alcaldes franquistas de la ciudad.

Así los tres nombres citados que forman parte de una anterior resolución, la sentencia añade los nombres de Pedro Sopena, Vicente Campo, José Gil Cávez y Emilio Miravé. Y además, impone que se retire del parque Miguel Servet el busto de Vicente Campo. El juez considera que las denominaciones de estas calles y el monumento constituyen elementos contrarios a la Ley de Memoria Democrática.

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La demanda fue formulada por la Asociación Cultural Colectivo Ciudadano de Huesca, Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón ARMHA y por varias personas a título particular. El letrado representante de los demandantes ha sido Pablo Malo y la denuncia ante el Tribunal ha contado con el aval pericial de los historiadores Julián Casanova, Irene Abad y Herminio Lafoz.

La resolución ahora hecha pública por el juez viene a sumarse a la decisión adoptada el pasado 19 de junio por la sección n.º 1 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, condenando al Ayuntamiento a eliminar del nomenclátor callejero a los alcaldes, igualmente del tiempo de la dictadura, Mateo Estaún Llanas, José María Lacasa y Mariano Ponz Piedrafita.

En todos los casos, los tribunales entienden que la presencia pública de estas figuras políticas contraviene las leyes de memoria histórica en vigor, la aragonesa de 8 de noviembre de 2018 y la de carácter estatal aprobada el 19 de octubre de 2022, dado que “todos ellos ocuparon el cargo político de alcalde en virtud de designación que tenía como premisa su condición de ‘afectos’ (en el sentido más amplio de la palabra) al régimen franquista”.

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Los demandantes indican que la demanda no ha sido estimada en su totalidad. La solicitud de democratización del callejero también se extendía al jurista José Castán Tobeñas y al polígrafo Ricardo del Arco, ambas figuras inequívocamente ligadas al régimen franquista a través de sus obras y sus actos. Considera el Tribunal que “los señores Castán (juez) y Del Arco (ideólogo, intelectual, profesor, escritor, de quien no consta ejercicio de la profesión militar u ocupación de cargo político), no quedan comprendidos en el supuesto de hecho del artículo 31 de la Ley que se refiere solo a militares o políticos y no a jueces o intelectuales”.

Llama la atención de los demandantes que no se haya considerado la faceta «política» de Castán Tobeñas habiendo ejercido como procurador en Cortes durante las nueve primeras legislaturas de la dictadura franquista, entre otras responsabilidades ligadas al ejercicio del poder. Cabe señalar, por otra parte, que el nombre de José Castán Tobeñas fue eliminado del callejero de Valencia, donde ejerció como catedrático de Derecho en varias universidades, en mayo de 2017, en virtud de un informe elaborado por la propia Universidad.

Tampoco ha considerado el magistrado la retirada a Vicente Campo de los honores concedidos por corporaciones locales predemocráticas como la Placa de Alcalde Benemérito, Placa de Alcalde Ejemplar y el nombramiento como Hijo Adoptivo de Huesca, título que comparte con Ricardo del Arco.

Contra la sentencia dictada, sin condena en costas, cabe recurso de apelación.