Los sindicatos llevan ante la Fiscalía la situación de las ambulancias de transporte sanitario urgente
En el documento señalan que desde junio de 2023 han dejado de trabajar de forma total o parcial gran parte de las 90 ambulancias urgentes
Hermanos Tenorio gestionará el transporte sanitario urgente en Aragón / Hermanos Tenorio
Huesca
Responsables sindicales del Transporte Sanitario Urgente en Aragón ha traslado a la Fiscalía un escrito en el que se denuncia “hechos de una gravedad incuestionable que están acaeciendo en el sector” y que “ponen de manifiesto un grave peligro en la asistencia sanitaria vital de emergencias a la ciudadanía, así como su legitimación a ser atendidos con unos criterios mínimos de calidad no discriminatorios”. En el documento señalan que desde junio de 2023 han dejado de trabajar de forma total o parcial gran parte de las 90 ambulancias urgentes que prestan servicio en la comunidad, lo que supone que un alto porcentaje del total de dotaciones han sido afectadas de una forma u otra.
Por eso solicitan que se depuren las responsabilidades oportunas ante la dejación de funciones e incumplimientos de la contratista, así como la falta de fiscalización, auditoría y acción sancionadora si procede por parte de la autoridad sanitaria competente, frente a lo que supone una situación de grave riesgo vital, que atenta notablemente contra el derecho a la asistencia sanitaria de todos los aragoneses, ya no solo en cuanto a lo que debería ser el normal funcionamiento del servicio de Transporte Sanitario Urgente, sino aún más si cabe, atendiendo a la esencialidad de este sector, dentro de lo que supone la atención sanitaria urgente en el actual contexto de pandemia.
En la nota de prensa se explica qué también se han dado situaciones en que la falta de dotación es parcial, lo que hace que se modifique la tipología del recurso quedando en inferior categoría.
Los comités de empresa han indicado que el motivo de esta denuncia es “la gravedad de los hechos que están acaeciendo y que ponen en manifiesto riesgo la asistencia sanitaria vital de emergencias a la ciudadanía”.
En dicha denuncia se detallan aquellas desactivaciones de las que han tenido constancia, que cuantifican en 100, “pudiendo ser con seguridad un número más elevado y que entraña todavía una mayor desprotección de los ciudadanos ante un servicio básico y vital que en muchos casos supone la diferencia entre la vida y la muerte”.
Desde los comités de empresa han asegurado que siguen esperando “alguna respuesta por parte de la administración ante estos hechos” que, consideran “necesitan de una solución urgente”
