El Supremo condena al Gobierno de Aragón a pagar 33,5 millones de euros por la deuda del tranvía de Zaragoza
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón condenó a este pago al ejecutivo autonómico por incumplir la financiación, que se remonta la gobierno de Luisa Fernanda Rudi (PP)
Imagen de archivo del tranvía de Zaragoza a su paso por la plaza Aragón / Cadena SER
Zaragoza
El Gobierno de Aragón tendrá que pagar 33 millones y medio de euros al Ayuntamiento de Zaragoza por la deuda pendiente del tranvía. El Tribunal Supremo avala la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de noviembre de 2020, y que condenaba a este pago al gobierno autonómico por incumplir la financiación de estas obras, una línea norte - sur que, en la actualidad, vertebra la capital aragonesa.
Este incumplimiento de los pagos, que proviene del gobierno autonómico de Luisa Fernanda Rudi (PP). Ahora, la sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo del Supremo desestima el recurso de casación que interpuso en diciembre de 2021 el ejecutivo autonómico contra esta sentencia del TSJA, que condenaba a pagar al gobierno los 33,5 millones de euros que exigía el consistorio.
Convenio firmado en 2009
En febrero de 2009 el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón firmaron un convenio para la financiación de las obras de la línea 1 del tranvía (Parque Goya-Valdespartera) que implicaba, tras la entrada en el proyecto de un socio privado, que cada administración debía de pagar 64,35 millones de euros.
El ejecutivo aragonés abonó 24,75 millones de las anualidades de 2010, 2011 y 2012, pero en 2013 dejó de pagar. En 2017 adoptó un acuerdo en Consejo de Gobierno para la liquidación del saldo pendiente, que estimó en 8,98 millones de euros.
El Ayuntamiento de Zaragoza recurrió esta decisión del Gobierno y el TSJA le dio la razón en noviembre de 2020, elevando la deuda a los citados 33,5 millones de euros, aunque el ejecutivo la recurrió.
Diferente interpretación del convenio
La discrepancia entre ambas administraciones radica, precisamente, en la naturaleza de ese convenio.
El consistorio ha defendido que se trata de un convenio interadministrativo de colaboración y cooperación para impulsar este medio de transporte y esta tesis es la compartía en su sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Aragón por el contenido de las clausulas, frente al Ejecutivo autonómico, que consideró que se trataba de una subvención.
El Supremo, como ya hizo el TSJA, también reconoce la tesis del Consistorio y estima que el convenio firmado es de naturaleza "obligacional" y que en él se evidenció la voluntad del Gobierno de Aragón de participar en el proyecto del tranvía.
Se sustenta el Supremo en los antecedentes del convenio y en sus propias cláusulas para reafirmarse en su naturaleza obligacional, "sin que tal apreciación pueda ser modificada ahora habida cuenta que está basada en datos y elementos fácticos cuya valoración no puede ser revisada ahora en casación".
