La soga al cuello de Barbate
Desde 1981, casi el 40% de todo su suelo está ocupado por el Campo de Adiestramiento de la Armada Española y la OTAN, sin que hasta la fecha la población haya sido compensada
Sevilla
Seguro que ponen en el mapa a Barbate: una localidad costera del sur de Cádiz de menos de 23.000 habitantes en la que hace poco más de un año murieron dos guardias civiles arrollados por una narcolancha, una de las muchas que pululan por allí. Su Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad el 6 de marzo activar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para el reconocimiento de la especial singularidad de este término municipal y la adopción de medidas compensatorias que permitan, de una vez, su desarrollo.
Desde 1981, casi el 40% de todo su suelo está ocupado por el Campo de Adiestramiento de la Armada Española y la OTAN, sin que hasta la fecha la población haya sido compensada. Este recinto militar, vedado por completo, es de mayor tamaño que las bases de Rota y Morón juntas, pero solo Barbate sigue sin reequilibrio económico ni beneficios fiscales.
Con un 28% de paro, el estigma del narcotráfico, la práctica desaparición del sector pesquero tras la reforma europea de hace un cuarto de siglo y más de 5.000 hectáreas de sierra frente al mar sin posible desarrollo por la ocupación militar, los barbateños aprueban esta Iniciativa Legislativa Popular. Reclaman al Gobierno central y también a la Junta mecanismos para salir del pozo de los municipios fallidos. Piden que se active un fondo de ayudas compensatorias, bonificaciones fiscales autonómicas, un Plan Integral de Empleo, un Plan de Desarrollo Industrial, un refuerzo de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y un Plan de Prevención y Rehabilitación Juvenil contra la captación de jóvenes por redes delictivas de narcotraficantes. La iniciativa necesita el apoyo unánime de 35 ayuntamientos andaluces para llegar al Parlamento y al Congreso.
Entre aranceles de quita y pon de Trump, condonaciones de deuda milmillonarias a las autonomías, una polémica delegación de competencias en inmigración a Cataluña y la ineficaz ampliación hasta los 59.000 euros del tope salarial para acceder a una VPO en Andalucía, prefiero mirar a Barbate. Una espera de 44 años no tiene justificación. Este olvido de Barbate es pura discriminación
