La Fiscalía aumenta su petición de condena para los expresidentes del Córdoba CF por el ‘Caso Chalet’

Córdoba

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha dado por finalizado el juicio oral del conocido como 'Caso Chalet', que ha quedado visto para sentencia. En el procedimiento están encausados la expresidenta de la Fundación Córdoba Club de Fútbol, Isabel Madueño y los expresidentes de la entidad deportiva, Carlos León y Jesús González. Se evalúa si se utilizaron fondos del Córdoba Club de Fútbol (CCF) para financiar la reconstrucción del chalet que Carlos González tenía en propiedad en La Moraleja (Madrid).

En total, por delito societario, de falsedad y de administración desleal, se enfrentan hasta a 13 años de privación de libertad, después de que el Ministerio Fiscal haya incrementado su petición de pena para González y León por las cantidades económicas en liza.

En su turno de declaración, los tres encausados han optado por responder únicamente a las preguntas de sus abogados, que han partido de la base de que los hechos juzgados han prescrito, al haber pasado más de 5 años desde la fecha que tiene la primera factura sospechosa.

Carlos González ha recordado que “no tenía ninguna necesidad" de que el CCF pagase su casa, teniendo beneficios en otras de las compañías que regentaba o pudiendo haberse dado dividendos de hasta 9 millones de euros. El empresario solo pagó a título personal la primera certificación de obra. Según él, porque hubo multitud de problemas con las calidades de la vivienda. Las seis certificaciones siguientes siguen siendo una deuda del empresario con la constructora que fue propiedad de Jesús León.

Sin embargo, GRUCAL terminó la construcción del chalet. "Por amor al arte", ha ironizado el fiscal del caso, Manuel Carlos Jiménez, para recordar que según el contrato, la constructora podría haber parado los trabajos o incluso abandonar el proyecto si no cobraba. Había intereses superiores en terminar esa reforma.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

Y es que GRUCAL era la empresa que, por designación de Carlos González como presidente del equipo deportivo, iba a levantar la Ciudad Deportiva del Córdoba Club de Fútbol, una infraestructura que nunca se edificó. De hecho, según ha quedado acreditado en el procedimiento, ni siquiera contó con licencia urbanística para su edificación. Eso sí, se presentó a bombo y platillo, maqueta y acto con políticos incluido.

Ese acto de presentación, unido a que el arquitecto al que se encargó el anteproyecto de Ciudad Deportiva ha declarado haber mantenido reuniones con técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo para obtener distintos permisos previos a la obtención de licencia; o que GRUCAL iniciase las actuaciones de vallado y desbroce en la parcela donde iba a ubicarse ese inmueble han sido tomados por las defensas como prueba de que había una clara intención de construirla. "La Ciudad Deportiva no era una ilusión ni una simulación, como quiere hacer ver la acusación pública", se han afanado en repetir.

Es decir, que al ser un proyecto público y que contaba incluso con respaldo inicial de los grupos políticos del Pleno del Ayuntamiento, no se trataría de un artificio ideado por González para pagar su casa.

Pero resultan clave en el procedimiento las 7 transferencias bancarias que realizó el CCF en favor de GRUCAL por una cantidad superior a 1,2 millones de euros. El concepto: 'Obras Ciudad Deportiva'; las cantidades y las fechas: similares a las facturas de certificación de las obras en el chalet de Carlos González.

La coincidencia entre las transferencias del club a la constructora y el avance de las obras del chalet son la base del informe emitido por la Guardia Civil, que también valorará la Sala. Una de esas facturas, han defendido los agentes encargados de la investigación, "coincide incluso en céntimos con una de las certificaciones de obra de la casa". Sin embargo, las defensas se han aferrado a que, si eso se toma como indicio, pudiera ser un contraindicio que las cantidades en el resto de facturas no son —exactamente— coincidentes.

El informe de la Benemérita también incluye una conversación entre Isabel Madueño y Jesús León -enlazados matrimonialmente-, en la que ella le relataba a él haber "soñado con ir a la cárcel" por haber utilizado la Fundación del Club para financiar la reforma del chalé. En una declaración entre lágrimas, Madueño ha asegurado en la sección tercera de la Audiencia Provincial sufrir “ansiedad crónica” y ha lamentado verse sentada en el banquillo de los acusados “por un sueño”.

La defensa de Madueño, que pide que se le exima de toda responsabilidad, incluso ha recurrido a un peritaje psiquiátrico, que no obstante, no ha acreditado que la encausada estuviese incapacitada o anulada para tomar decisiones en el momento en que se cometieron los hechos enjuiciados —cuando ni siquiera la trataba—.

Además, la Fiscalía también fundamenta su solicitud de condena en un e-mail, reflejado en el informe que la Benemérita elaboró tras analizar los dispositivos electrónicos incautados después del registro en las sedes del CCF y de la Fundación, así como en el domicilio de Jesús León como propietario de GRUCAL Infraestructuras. En ese hilo de correos electrónicos, un empleado de la constructora pregunta a otro acerca de “¿Cómo se ha pagado la casa [de González]?, ¿por transferencia desde la cuenta del Córdoba?”. Cuestión a la que recibió una respuesta afirmativa.

Sin embargo, en las cuentas anuales de GRUCAL —en cuyas auditorías realizadas por consultoras externas no se expresó ningún reparo— las obras del chalet siguen sin haberse abonado. Ni por González, ni por el equipo de fútbol o su fundación benéfica. Dice el letrado del Carlos González, que esa deuda "jugó un importante papel después", cuando su cliente vendió a Jesús León la propiedad de la entidad deportiva.

Con todo, el autor material de la denuncia que prendió el Caso Chalet, el administrador concursal del CCF, Francisco Estepa, ha asegurado en sede judicial que "se pagaron 1,2 millones de euros por una Ciudad Deportiva que no se hizo, mientras que se ejecutaron unas obras en el chalet que supuestamente nadie ha pagado". La Fiscalía se apoya también en el testimonio de los agentes de la Guardia Civil, para quienes "no existe ninguna duda" de que la vivienda fue pagada con dinero del club, con facturas supuestamente falsas que llevaban por concepto la adquisición de material para las obras de la ciudad deportiva.

Una premisa que niegan los letrados a cargo de la defensa. Aseguran que el informe del Instituto Armado es reduccionista, "pues adolece de investigación, de análisis de las cuentas de la constructora, del equipo o la fundación; ni incluye entrevistas clave". Pero, sobre todo, piden al Tribunal que considere que no ha quedado claro cuál fue el destino del más de un millón de euros que salió de la cuentas blanquiverdes.

Porque aunque las obras se finalizaron, para GRUCAL siguen siendo una deuda a cobrar. Porque cuando se revocó la concesión administrativa para construir la Ciudad Deportiva, el CCF reclamó a la constructora la devolución de las cantidades. Y porque no hay pruebas, dicen las defensas, de que Jesús León y Carlos González urdiesen un plan delictivo.

Aunque el Ministerio Fiscal defiende que el presunto desfalco de dinero supondría un perjuicio para el Córdoba Club de Fútbol como entidad, así como para sus pequeños accionistas; las defensas han atacado que ni la empresa deportiva, ni un colectivo de afectados u otros particulares se hayan personado en la causa. Aunque bien es cierto que González es, a día de hoy, propietario del Córdoba Sociedad Anónima Deportiva.