¿Puede la Audiencia de Sevilla hacer de jueza de instrucción? , "el desafío" de un letrado al Tribunal que juzga la adjudicación de la mina de Aznalcóllar a Grupo México

Sevilla

Diez años después de la adjudicación de la mina Los Frailes de Aznalcóllar a Grupo México Minorbis y una década después de que la empresa que perdió aquel concurso público, Emerita Resources, denunciara que estaba amañado, este lunes ha comenzado el juicio en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla. Lo ha hecho con las cuestiones previas que han planteado las defensas de los 16 acusados, que consideran que se han vulnerado sus derechos constitucionales.

El abogado Juan Carlos Alférez, que defiende a los empresarios de Magtel, le ha dicho al Tribunal que tienen un "desafío jurídico" que resolver y es decir si la Audiencia de Sevilla puede hacer las funciones del juez de instrucción porque las defensas entienden que eso es lo que ha ocurrido en esta investigación. Y han solicitado que se anulen los dos autos que reabrieron la instrucción y que se confirme el sobreseimiento que había decidido la jueza instructora con el apoyo de la Fiscalía.

La ponente de aquellos autos, que quieren anular las defensas,  fue la jueza Mercedes Alaya, que para ellos debía limitarse a controlar la legalidad de los actos de la investigadora. Pero consideran que interpretó pruebas e hizo valoraciones de los informes periciales.

Los letrados han alegado también que Emerita no puede ejercer la acusación particular por pérdida sobrevenida de legitimación y debe ser expulsada ya que carece de solverncia económica y ha incurrido en causa de disolución.

La Junta ha reclamado la expulsión de Andalucía Mining, que reclama una indemnización de más de siete millones de euros por daños y perjuicios a la administración, a Magtel, Minorbis y Grupo México.  Andalucía Mining no ha sufrido daños porque no tenía ningún derecho minero, ha explicado el abogado de la Junta. Ya fue indemnizada como solicitante de un derecho de investigación.

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El juicio sigue este martes. La Fiscalía no acusa. Solicita la absolución, igual que pidió el archivo durante la investigación cuatro veces. No vio pruebas de que los miembros de la mesa de contratación o la comisión técnica se hubieran confabulado para favorecer a la sociedad que ganó el concurso para explotar la mina de Aznalcóllar.

Entre los acusados están la ex directora de Minas de la Junta, María José Asensio, el ex presidente de la SEPI, Vicente Fernández y los hermanos dueños de Magtel, Mario e Isidro López Magdaleno. La abogada Encarnación Molino, que defiende a varios funcionarios, ha terminado manifestando que aquí "la pena es el juicio, la pena injusta es la pena de banquillo que tienen que soportar los acusados que están aquí sentados".

Las acusaciones y el Ministerio Público se pronunciarán sobre lo planteado por las defensas. Los jueces resolverán o bien a lo largo de este mes o bien en sentencia.