Armilla y Pulianas presentan alegaciones contra la Zona de Bajas Emisiones de Granada

Granada

El Ayuntamiento de Armilla (Granada), gobernado por el PSOE, ha presentado alegaciones contra la Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Granada, donde gobierna el PP, y que regula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), al considerar que introduce una "discriminación injustificada" entre ciudadanos según su lugar de residencia, "vulnerando" principios constitucionales de igualdad y proporcionalidad. El Ayuntamiento de Pulianas también ha presentado solicitando una "mayor coordinación" con los municipios del área metropolitana por entender que puede tener un "impacto directo en la movilidad y la actividad económica local".

El Ayuntamiento de Armilla censura que la medida fuera aprobada "sin diálogo" con los municipios del área metropolitana y advierte de que afectará "gravemente a miles de vecinos que necesitan desplazarse a Granada para trabajar, estudiar o acceder a servicios esenciales". En Armilla, casi 5.000 vehículos quedarán excluidos del centro de la capital, lo que representa cerca del 30 por ciento del parque móvil del municipio. "Sin una mejora real del transporte público ni alternativas viables, se obliga a muchas personas a asumir un coste adicional para poder desplazarse, agravando desigualdades y dificultando el acceso a la ciudad", advierten desde el municipio.

El Ayuntamiento denuncia que esta ordenanza "no se basa en criterios ambientales objetivos sino en una restricción arbitraria ligada al empadronamiento". "No podemos permitir que se impongan restricciones que dividen a la ciudadanía según su lugar de residencia", ha afirmado la alcaldesa, Loli Cañavate. "Mi responsabilidad es defender los derechos de nuestros vecinos y vecinas. La movilidad no puede ser un privilegio de quienes viven en la capital. Si el Ayuntamiento de Granada sigue adelante con esta ordenanza discriminatoria, tomaremos las medidas necesarias para garantizar la igualdad de trato y la justicia social", ha agregado.

Además de su posible inconstitucionalidad, recalca que la ordenanza ha sido aprobada "sin un estudio de impacto económico y social que analice cómo afectará a los comercios, empresas y establecimientos hosteleros de Granada, que dependen en gran medida de clientes del área metropolitana". Las alegaciones de Armilla hacen hincapié en la "contradicción de la actual alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, con el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Granada actualmente en tramitación, que ella misma fomentó cuando era consejera de Fomento de la Junta de Andalucía".

Ese plan establecía que la ZBE debía implementarse de forma coordinada en toda el área metropolitana, con mejoras en el transporte público y la creación de aparcamientos disuasorios. Sin embargo, "la ordenanza municipal rompe con esta estrategia, aplicando restricciones sin compensaciones para los municipios colindantes", según mantiene Loli Cañavate. El Ayuntamiento de Armilla exige que la ordenanza de la ZBE de Granada se retire y se reconsidere en una mesa de diálogo metropolitana en la que participen todos los municipios afectados. "Si el Ayuntamiento de Granada persiste en esta imposición injusta, Armilla no se quedará de brazos cruzados, llegaremos hasta donde haga falta para defender los derechos de nuestros vecinos y vecinas y garantizar una movilidad justa para toda el área metropolitana", ha concluido Loli Cañavate.

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Pulianas y el centro comercial

El alcalde de Pulianas, José Antonio Carranza (PSOE), ve "fundamental" que esta medida se plantee "desde el diálogo y el consenso con los municipios afectados" pues "afectarán directamente a los vecinos de Pulianas que no podrán acceder con sus vehículos a la capital si no cumplen los requisitos ambientales exigidos". El que estas limitaciones no se apliquen a los vehículos empadronados fiscalmente en Granada es interpretado por el Ayuntamiento de Pulianas como "una medida discriminatoria y contraria a los principios de igualdad y proporcionalidad".

Uno de los principales puntos de las alegaciones es la decisión del Ayuntamiento de Granada --gobernado por el PP-- de incluir dos aparcamientos disuasorios en Pulianas "sin haber consultado previamente con el municipio". Ambos espacios están ubicados en terrenos privados dentro de centros comerciales, "y su uso como parte del plan de movilidad de la capital se ha definido sin contar con la administración local". "Nos sorprende que se tomen este tipo de decisiones sin ni siquiera habernos informado", ha afirmado Carranza. "Llevamos años solicitando la ampliación del transporte público de Granada hasta estos centros comerciales y todavía no hemos recibido respuesta. Sin embargo, ahora se nos impone el uso de estos aparcamientos sin planificación ni diálogo", lamenta.

Pulianas advierte de que la ordenanza de Granada no contempla el impacto que la ZBE tendrá en los municipios del área metropolitana, como "el aumento del tráfico y la contaminación en su término municipal, la dificultad de acceso a servicios esenciales en la capital para los vecinos sin vehículo adaptado a la normativa y las trabas que esto supone para trabajadores, estudiantes y transportistas".

Aunque se contempla el "traslado de personas por razones de urgencia, alta hospitalaria o acudan a tratamiento de larga duración con justificación médica", no se han previsto excepciones para aquellos que necesiten acudir, sin razón de urgencia, a consultas médicas en el área de Granada, tanto en centros públicos como privados.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Pulianas exige la revisión del proyecto de ZBE y su modificación para garantizar una "implantación justa y consensuada".

Respuesta del gobierno local

El Ayuntamiento de Granada defiende que "sí ha habido diálogo" con los municipios del área metropolitana en relación a la Zona de Bajas Emisiones y ha recalcado que no habrá "ningún muro" que impida a los vehículos de otros municipios llegar a la capital pues la "única" limitación es para los "altamente contaminantes" y la norma recoge "excepciones" para poder acudir a centros sanitarios, realizar las funciones de cuidador o para la carga y descarga, entre otras.

El portavoz del gobierno local, Jorge Saavedra (PP), se ha pronunciado de este modo después de que el Ayuntamiento de Armilla, gobernado por el PSOE, haya presentado alegaciones contra la Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Granada que regula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) sosteniendo que puede ser incluso "inconstitucional" pues "introduce una "discriminación injustificada" entre ciudadanos según su lugar de residencia.

Saavedra ha querido aclarar que la implantación de esta medida surge de una "imposición legal del Gobierno de España", pero también ha incidido en que existe "un problema real" y "serio" con la calidad del aire que respiran los granadinos que debe corregirse. "Son más de 30 días al año con aire de calidad mala, eso afecta a la salud y a la calidad de vida", ha argumentado.

Ha defendido igualmente que "sí ha habido dialogo en el marco del Consorcio de Transporte Metropolitano, donde están representados los distintos ayuntamientos, incluido el de Armilla, y ha precisado que se abordó el asunto y se abrió un plazo para que presentaran iniciativas que mejorasen la propuesta.

"Armilla no presentó ninguna iniciativa", ha señalado al tiempo que ha avanzado que las alegaciones que acaba de presentar este municipio "serán estudiadas", pero remarcando que "no hay ningún muro" y "todos los vehículos pueden venir a Granada", siendo la única limitación la fijada para los vehículos que no estén censados en la ciudad y tengan más de 20 años sin son diesel o de 25 años si son gasolina, que tendrán que dejarse aparcados en uno de los 13 parking de borde que existen.

"Pero además existen excepciones --ha explicado el portavoz-- se puede venir a los hospitales, a las urgencias, para cargas y descargas, vehículos de mercancías (...), cuidadores", "no hay ciudadanos de primera y segunda, lo que sí hay son vehículos altamente contaminantes que no queremos que estén dando vueltas por la ciudad porque afecta a la salud de los granadinos y les obligamos a que dejen su vehículo en un parking de borde", ha relatado Saavedra.

En este contexto ha pedido "responsabilidad" a la hora de trasladar información a los ciudadanos y ha recordado que está también la opción de usar el transporte público, como el autobús o el metro.